La Junta del Canal de Isabel II aprueba la venta de empresas en América

Se incluye la brasileña Emissao, investigada en el caso Lezo, a cuyo expropietario reclamarán al menos 6 millones de euros por un procedimiento de arbitraje que presentarán entre 15 y 20 días

La Junta de accionistas del Canal de Isabel II aprobará este lunes la venta de empresas en América Latina incluyendo la brasileña Emissao, investigada en el caso Lezo, a cuyo ex propietario reclamarán al menos 6 millones de euros por un procedimiento de arbitraje que presentarán entre 15 y 20 días.

Así lo ha anunciado el presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, junto con el director general de la empresa, Rafael Prieto, en un desayuno informativo previo a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar este lunes a partir de las 17.00 horas.

"No queremos con el dinero de todos los madrileños jugar un poco a la ruleta rusa (...) debemos utilizarlo bien, para lo que está pensado", ha dicho Garrido.

El presidente del Canal ha comentado que no estaban obligados a aprobar la venta de las empresas de América en la Junta de accionistas porque ya dio el bueno el Consejo de Administración, pero han "querido" que sea así.

En la actualidad, de las 23 empresas del Canal constituidas en América Latina, once continúan operativas, siete están en proceso de liquidación, una en estudio de liquidación y cuatro liquidadas.

La intención es culminar el proceso de venta de todas ellas en un plazo de entre 12 y 18 meses (un margen mayor al previsto el pasado mes de julio, que era de un año) con el requisito de que no haya pérdidas patrimoniales para el Canal.

Tras el visto bueno de la Junta de accionistas a esta operación, el Canal contratará a dos asesores financieros independientes: uno de ellos planteará la valoración de las compañías y otro las alternativas sobre la venta (en bloque o por separado) y los calendarios de ejecución. El Consejo de Administración del Canal determinará en última instancia todos estos detalles.

Lo que todavía no se ha decidido es la venta de la empresa Canal Gestión Lanzarote, participada íntegramente por el Canal, y la desaparición de la delegación de Cáceres.

Por otro lado, el director del Canal ha avanzado que en un plazo de entre 15 y 20 días van a interponer un procedimiento de arbitraje para reclamar al menos 6 millones de euros al propietario que suscribió en 2013 la venta de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, investigada en la operación Lezo.

Esta compañía fue adquirida por 22 millones de euros y un mes más tarde tenía un valor de 10 millones, una cantidad que se redujo a los 5 millones al transcurrir un año.

El director del Canal ha señalado que Emissao ha sido la empresa que ha supuesto un "mayor problema" para el Canal, ya que hasta el año pasado estuvo en pérdidas.

En la actualidad, ha apuntado que todas las compañías del Canal en América Latina dan beneficios excepto la peruana Aguas de Tumbes, una de las últimas adquiridas y que al igual que Emissao continúa operativa.

Con la venta de sus empresas en América Latina, el Canal perderá unos beneficios de alrededor de 40 millones de euros al año.

Con todo, Garrido ha insistido en que ya no quieren "poner en riesgo" el dinero de los madrileños con más operaciones en el extranjero, pero no descartan seguir presentes en otros países para labores de consultoría.

"Hemos tenido problemas, a nadie se le oculta", ha reconocido en referencia al caso Lezo, en el que está investigado el expresidente madrileño Ignacio González, que recientemente salió de prisión preventiva tras pagar una fianza de 400.000 euros.

El actual presidente del Canal y portavoz del Gobierno regional ha evitado dar su opinión sobre este asunto, limitándose a expresar su "máximo respeto" a las decisiones judiciales.

Preguntado sobre por qué anteriormente el Canal Extensia -la compañía que aglutina las filiales del Canal en América Latina- actuaba de forma tan independiente, ha respondido que ahora no pasa porque tiene que rendir cuentas siempre al Consejo de Administración del Canal.

"Parece razonable que una parte del Canal de cuentas al Consejo que dirige el conjunto de operaciones de la compañía", ha apuntado.

Sobre las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid acerca de la negativa del Gobierno regional a facilitar las actas de las reuniones del Canal, ha dicho que están a la espera de lo que decida el juez al respecto.

"Si el juez cree que puede comprometer parte de la instrucción y la determinación de si ha habido o no hechos delictivos, no podemos hacerlo", ha manifestado.

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