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El juez exonera al Cabildo del delito contra la salud pública por el caso de la piscifactoría

En el auto se mantienen los cargos contra los tres responsables de las instalaciones

Instalaciones de la piscisfactoria en Aguamansa en La Orotava. /

En el Auto al que ha tenido acceso la cadena SER y adelantado por Radio El Día, el juez, Sergio Oliva Parrilla del juzgado de instrucción número uno de La Orotava ha dejado sin efecto la acusación por la que el Cabildo de Tenerife permanecía en calidad de investigado por la comisión de un presunto delito de contra la salud pública al no cumplirse con las preceptivas medidas sanitarias en las instalaciones correspondientes a la piscifactoría ubicada en Aguamansa en La Orotava. De esta forma, el juez estima el recurso presentado por el Cabildo de Tenerife al considerar que la Corporación insular, en tanto administración no puede ser declarado responsable penal, porque no es una persona jurídica al que atribuir este tipo de delitos. Por otra parte, el juez mantiene la condición de investigados a los tres funcionarios responsables de la piscifactoría.

Diligencias previas

El nuevo auto se produce después de la apertura de diligencias previas por parte del citado juzgado, tras recibir una denuncia del SEPRONA por la muerte de entre 10.000 y 30.000 truchas en la Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava. Los peces murieron después de que se procediera al cierre de las instalaciones al detectarse vertidos de aguas sin depurar en el canal Aguamansa-Santa Cruz, que suministra aguas a empresas gestoras de agua de consumo humano en la zona metropolitana. El juez ha citado en calidad de investigados a Víctor Javier Pacheco Hernández, jefe del Centro Ambiental de Aguamansa; Tomás Reneses de la Fuente, técnico responsable de la explotación de la piscifactoría y Buenaventura Machado Álvarez, Jefe del Servicio de Gestión Forestal y encargado de la explotación de la Piscifactoría. El juez considera que podría haberse cometido delitos contra la salud pública.

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