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El Parlament balear aprueba la Ley de Urbanismo

Finalmente ha salido adelante el polémico apartado que permite la legalización de construcciones en Ibiza

Momento del debate de la ley de Urbanismo en el Parlament. /

El Parlament ha aprobado la nueva Ley de Urbanismo de Balears con los votos del Pacte y con el rechazo de la oposición. También ha salido adelante el punto 14 de la disposición transitoria, añadido por el PSIB, que permite la legalización de unos terrenos de Platja d’en Bossa, en Ibiza, que pertenecen al empresario Abel Matutes. En este punto Podem y Més han votado en contra, mientras que el PSIB y el PP han votado a favor, y Ciudadanos y El Pi se han abstenido, por lo que sí ha salido adelante este apartado.

Según el PSIB en caso de tener que derribar todas las construcciones afectadas se tendría que pagar unos 600 millones de euros en indemnizaciones. La situación que se encontraba en el limbo de la legalidad queda en manos del Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza, ya que las empresas siguen operando a pesar de que estén construidas en suelo rústico.

El diputado socialista, Damià Borràs, niega que se trate de “urbanismo a la carta” y pide “sentido común” al resto de partidos. Reconoce que lo mejor es que nunca se hubiese tenido que llegar a este punto, legalizar una construcción en suelo rústico, sin embargo, cree que se pone fin a esta situación.

En Podem, Alberto Jarabo, defiende el conjunto de la ley, pero cree que se “mancha” con este único punto que sí considera que se trata de “urbanismo a la carta”.

En Més, Bel Busquets, va en la misma línea y también habla de “urbanismo a la carta”. No entiende que este punto tenga cabida en una norma que “protege el territorio”.

En PP, Marga Prohens, critica la falta de seriedad en el Pacte en la aprobación de esta ley de Urbanismo, y, por otro lado, la falta de consenso en la ley de coordinación de policías locales, que también se aprueba este martes en el Parlament.

A pesar de este polémico apartado, la ley de Urbanismo, la nueva normativa incrementa las sanciones, la obligación de derribar una construcción ilegal no prescribe nunca y, además cada ayuntamiento deberá destinar un 30 por ciento del suelo disponible a viviendas públicas.

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