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La Justicia condena al colegio La Paz de Torrelavega

No tomó las medidas oportunas para atajar la mala relación de dos alumnos de 7 y 6 años de edad

La jueza recoge en su sentencia que el centro no activó los protocolos anti-acoso. /

Sentencia de un juzgado de Torrelavega que condena al Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega por no actuar, por "no tomar medidas", ante un caso de acoso escolar.

Condena al pago de casi 2.000 euros a la familia de un alumno de 7 años que sufrió varias lesiones en el recreo después de que le empujase otro alumno, de 6 años, y con el que mantenía una mala relación.

El niño de 7 años agarró del jersey al de 6 que, como respuesta, le empujó. Como consecuencia del empujón, el niño de 7 años cayó al suelo y se produjo una fractura en un dedo de la mano y también un traumatismo bucal.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrelavega condena al Colegio privado concertado de La Paz por una gestión negligente del conflicto entre estos dos alumnos.

Ambos habían protagonizado incidentes previos, derivados, según la versión de una tutora del centro, de la práctica del fútbol como actividad extraescolar.

La jueza titular del juzgado argumenta que “no se trata de un hecho aislado”. Y que el centro “no tomó las medidas oportunas”, entre otras cosas, porque no garantizó una “adecuada vigilancia durante el transcurso del recreo”.

En el juicio quedó acreditado que el día en el que se produjo la pelea tan sólo había una profesora en el patio. Vigilancia que la jueza considera “a todas luces insuficiente”. El hecho de que una profesora estuviese al cargo de entre 50 y 60 alumnos repartidos por una extensión de dos campos de fútbol resulta “muy peligroso” ya que en ese momento estaban jugando al fútbol dos niños “de corta edad, que habían tenido problemas previos”.

En la sentencia también se explica que fue una prima de uno de los menores, de 16 años, la que le atendió, le lavó y dio aviso a los responsables del centro. La menor dice, según se relata en los fundamentos de derecho, que “sólo había una profesora y que estaba en la otra punta del patio”.

En su comparecencia en el juicio, una de las tutoras del Colegio La Paz reconoce “haber escuchado” que el menor que propinó el empujón “sufre bullying por parte” del menor que cayó al suelo. Y que el centro “no adoptó ninguna medida sobre estos menores, ni siquiera vigilarlos o hablar con ellos”.

El centro, según se establece en la sentencia, no activó el protocolo anti-acoso. Y la juez reflexiona de manera muy clara sobre la necesidad de activar estos mecanismos. Asegura que “cuando dos menores se ven implicados en un episodio violento los dos necesitan ayuda para que los hechos no vuelvan a repetirse y, pudiendo activarse por el propio centro protocolos anti-acoso, cuando no lo hace asume el riesgo de que puedan ocurrir cosas peores”. Y si asume ese riesgo, prosigue la jueza, “ha de responsabilizarse de las consecuencias de su omisión”.

En su razonamiento, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega argumenta que “habría habido menos posibilidades” de conflicto entre los menores si se hubiese realizado “una vigilancia adecuada y específica de estos dos alumnos”.

 La jueza afea al Colegio La Paz que no tomase medidas hasta que se produjo la queja formal de la familia de uno de los dos menores implicados. No hizo nada tras dos incidentes previos ocurridos en el interior del centro escolar, a las que sucedió otro conflicto entre los niños, ocurrido en un campus de verano.

En el mes de septiembre, con el inicio del curso 2016-2017, el centro decide sacar del grupo al menor que estaba siendo objeto de acoso.

La sentencia, por tanto, señala muy directamente a la responsabilidad que tiene un centro educativo a la hora de evitar situaciones de acoso.

Sentencia que es firme, contra la que no cabe recurso. Y que se produce tras la denuncia presentada por el padre del menor que sufrió el empujón contra el padre del otro niño y la dirección del centro. La jueza absuelve al padre y sitúa en el centro toda la responsabilidad sobre el control y vigilancia de los alumnos dentro del recinto escolar. Por ello, condena al centro al pago de 1.936 euros en concepto de indemnización y por los costes del tratamiento odontológico que necesitó el chico.

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Cadena SER

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