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Joan Ribó partidario de personarse en el caso de las agresiones fascistas del 9 d’Octubre

Lo ha propuesto a la Junta de Gobierno Local

Un joven se defiende de varios miembros de la ultraderecha en la manifestación del 9 d'octubre pasado /

El alcalde de València, Joan Ribó, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local que el Ayuntamiento se persone en las diligencias previas abiertas en el Juzgado por las agresiones ultras ocurridas durante la celebración de la manifestación del pasado 9 d'Octubre.

Fuentes municipales han informado en un comunicado de que la propuesta de Ribó, que primero contará con el informe de la asesoría jurídica del Consistorio, subraya que "corresponde al Ayuntamiento defender y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales".

El Juzgado de Instrucción número de 15 de València instruye las diligencias por estos hechos, que según las fuentes podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos.

La propuesta del alcalde de València se debatirá en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebrará el próximo 15 de diciembre.

Durante la manifestación convocada el pasado 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, por parte de las organizaciones integrantes en la denominada "Comissió 9 d'Octubre" se produjeron situaciones de enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de individuos vinculados a la ultraderecha y ajenos a la marcha.

Estas personas mostraron, según el alcalde de València, "actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones".

Según las fuentes, la Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía estima que los citados hechos "podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de un delito de desórdenes públicos".

Todos los hechos registrados constan, documentados y con detalle, en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 15 de València, a quien corresponde la instrucción penal de estos.

En la interlocutoria del citado juzgado (de 31 de octubre pasado) se hace ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprenda las acciones que considere pertinentes por los posibles daños sufridos.

Según Joan Ribó, "es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".

"Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, cosa que sí hicieron los grupos ultras el 9 d'Octubre pasado", ha indicado.

A su juicio, "es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal trabajar para erradicar los delitos de odio".

Por eso, el alcalde propone el "ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender en este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal".

La propuesta del alcalde incluye trasladar el acuerdo a la Asesoría Jurídica Municipal a fin de que se proceda a la personación del Ayuntamiento en las diligencias previas que sigue la institución judicial y en el seguimiento de las actuaciones procesales en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos, concluye el comunicado.

 

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