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El Gobierno Vasco documenta 4.113 casos de torturas y malos tratos en Euskadi

Los autores del informe señalan que estas prácticas fueron "algo más que esporádicas". La mayoría de los casos se registraron durante la democracia, si bien es cierto que muchos de los sucedidos en la dictadura no han podido documentarse

Paco Etxeberria y Laura Pego, autores del informe sobre los casos de torturas registrados en Euskadi, junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. /

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advierte de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se han podido acreditar muchos episodios de la época de la dictadura.

El informe ha sido presentado hoy en San Sebastián por el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego y el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

Este estudio forma parte de una de las iniciativas del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco, que presentó un avance del trabajo en febrero de 2015, cuando se habló de 3.587 casos denunciados.

Una vez concluido el informe, la conclusión es que se han documentado 4.113 casos denunciados en la Comunidad Autónoma Vasca, de los que el 17 % corresponden a afectados que han dicho ser objeto de malos tratos en más de una ocasión, por lo que el número total de víctimas identificadas asciende a 3.415 personas.

Etxeberria ha aclarado, no obstante, que aún quedan pendientes de análisis 454 expedientes y que, además, sólo 1.081 denuncias corresponden al periodo de la dictadura y los primeros años de la transición hasta 1978, mientras que la "práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor".

Para elaborar estas conclusiones, el equipo liderado por Etxeberria ha analizado y archivado más de 26.113 documentos y ha recabado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suman otros recopilados con anterioridad en audio y en vídeo hasta alcanzar las 1.027 declaraciones de afectados.

El equipo investigador ha aplicado a 202 casos la metodología de comprobación y análisis de las consecuencias y secuelas establecidos en el Protocolo de Estambul, un trabajo que ha determinado que al menos el 5 % de los denunciantes padecen "secuelas psicológicas importantes que requieren atención especializada".

El número de denuncias alcanzó picos importantes en los años 80 y comenzó a disminuir a partir de 2004, mientras que de 2014 en adelante no se ha registrado ningún caso.

Existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil, mientras que "no hay ninguna condena contra la Ertzaintza".

Entre las conclusiones recogidas, el informe coincide con las apuntadas por organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha citado en varias ocasiones el régimen de incomunicación aplicado a los detenidos por terrorismo como un factor que "ha favorecido la práctica de estos malos tratos y torturas y ha limitado de forma notoria la posibilidad de investigación de los mismos".

También cita las 7 condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.

El informe señala que los métodos de tortura fueron evolucionando a partir de principios de los años 90 desde el daño físico (asfixia en una bañera, aplicación de electricidad y palizas, entre otros) hasta otro tipo de malos tratos "más difíciles de detectar en exámenes forenses" como "maniobras de asfixia como la bolsa, posturas forzadas o ejercicios extenuantes, amenazas y humillaciones, desnudo forzados y vejaciones sexuales".

El estudio señala asimismo la negación "sistemática" de la práctica de la tortura por parte de la autoridades y recuerda que el Comité contra la Tortura condenó a España por indultar a agentes condenados (el 60 % de los sentenciados por el Tribunal Supremo), ya que estas medidas de gracia "son incompatibles con el deber de prevención y son contrarias al sentido de la reparación".

Ante estos datos, Jonan Fernández ha destacado que el informe demuestra que la tortura y los malos tratos "han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 y que buena parte de las denuncias "no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación".

Dichas denuncias tampoco recibieron, en opinión del representante del Gobierno Vasco, "la atención socio-política ni mediática" que merecían, por lo que el ejecutivo autonómico asume que "las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos".

También ha subrayado que, aunque existen denuncias contra la Ertzaintza, el estudio demuestra que este cuerpo "ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado".

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