Confirman la condena a cinco años de cárcel a la exinterventora del Ayuntamiento de Cortes de Baza

La condenada aprovechó su cargo para transferir dinero de las arcas municipales a la cuenta de la agencia de viajes de la que era administrador su marido

Cortes de Baza /

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a cinco años de cárcel a la que fue secretaria interventora del Ayuntamiento de Cortes de Baza por un delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque elimina parte de la indemnización a la que fue condenada.

La sentencia del alto tribunal se dictó en noviembre tras el recurso presentado por la acusada, que en diciembre del año pasado fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel por al Audiencia de Granada.

Rosa María R.C. aprovechó su cargo como secretaria interventora en el Ayuntamiento de Cortes de Baza para transferir a sus cuentas más de 212.000 euros públicos y fue condenada a cinco años, tres meses y un día de prisión por un delito continuado de malversación de caudales en concurso con otro también continuado de falsedad documental.

Durante el juicio, que se celebró en julio de 2016, reconoció los hechos y explicó que los problemas en la empresa de su marido la indujeron a cometerlos.

El TS ha estimado de manera parcial el recurso presentado por la condenada al considerar que "no procede incluir en la indemnización" que se fijó en la anterior sentencia dos partidas valoradas en más de 230.000 euros, importe de los intereses y recargos derivados de la deuda que contrajo el Ayuntamiento con la Agencia Tributaria por impago de cuotas de personal laboral y retenciones.

Considera el fallo que no se desprende del relato de los hechos probados el "nexo causal" de estos impagos con el delito cometido por la condenada.

La condenada declaró en el juicio que se apropió de fondos municipales "siempre con la idea que mantengo de devolver el dinero", y recalcó que su marido, también procesado en la causa, desconocía la procedencia del dinero que recibía.

Los hechos se produjeron entre los meses de febrero del 2009 y noviembre del 2012, tiempo en el que la condenada aprovechó su cargo para transferir dinero de las arcas municipales a la cuenta de la agencia de viajes de la que era administrador su marido, a lo que sumó otras transferencias y una duplicidad de sus nóminas.

La Fiscalía estimó en el juicio que utilizó su cargo para destinar dinero a sus cuentas o las de la empresa familiar, aunque la pareja devolvió hasta junio del 2014 algo más de 136.000, por lo que en la fecha del juicio quedaban pendientes otros 76.398 euros.

La Audiencia declaró absuelto a su marido, Antonio José P.G., de un delito de receptación, aunque lo condenó en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo del delito de malversación.

Las transferencias ilegales de la secretaria se descubrieron durante una auditoría en la entidad bancaria que llevaba las cuentas municipales, momento en el que la condenada confesó en un documento los hechos y se marchó de Andalucía para buscar un trabajo con el que devolver el dinero.

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