El PP pretende politizar el juicio de los ERE, según el abogado de Zarrías

Sevilla

Turno este miércoles para las defensas que presentan alegaciones previas al Tribunal que juzga a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 20 exaltos cargos por el caso de los ERE. La política ya se ha asomado otra vez dentro de la Sala de vistas. El abogado del exvicepresidente, Gaspar Zarrías, ha señalado que el Partido Popular pretende politizar el juicio y que “tiene un interés extraprocesal” al pedir que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, declare como testigo y al acusar a los 22 políticos que están siendo juzgados de un delito de asociación ilícita.

La sesión se ha iniciado con el abogado de la exconsejera Magdalena Álvarez. Tanto Rafael Alcácer como el abogado del exvicepresidente, Gaspar Zarrías, Martínez Fresneda consideran que se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación. Han manifestado que debe ser retirada la acusación de asociación ilícita “por sorpresiva”. “Nadie puede ser acusado sin ser antes investigado o informado de ello”, en referencia a que durante la instrucción nunca se informó a los imputados ni se les preguntó sobre ese delito de asociación ilícita que introdujo el PP en su escrito de acusación.

Estas defensas y otras, como las de la exsecretaria general de Empleo, Lourdes Medina, o la del exviceconsejero, Agustín Barberá, también han solicitado que se declaren nulas todas las resoluciones del juez de refuerzo que dictó los autos de procesamiento y apertura de juicio oral, Álvaro Martín. Consideran que se ha vulnerado el derecho al juez natural porque un juez de apoyo no puede hacerse cargo de un procedimiento ya iniciado.

Lo mismo ha argumentado el letrado del exconsejero José Antonio Viera. Jose Manuel Herrera, además, ha pedido que los jueces declaren nulos los escritos de acusación en relación con el delito de malversación porque se trata de un delito por el que ya se investiga Viera en diferentes piezas separadas. Ha dicho también que hay que excluir el delito de asociación ilícita y que tampoco cabe la prevaricación; porque cuando el Supremo imputó a Viera ese delito habían pasado más de diez años desde que dejó la consejería de Empleo y ya estaba prescrito.

La exconsejera Carmen Martínez Aguayo quiere declarar al final del juicio, cuando se hayan practicado todas las pruebas.

El abogado del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, ha solicitado que pidan las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 del Gobierno central, elaboradas cuando Griñán era ministro de Trabajo. Órdenes que regulaban un sistema de ayudas para subvenciones previas a la jubilación ordinaria. Un sistema en este caso regulado y reglado, dotado económicamente en los Presupuestos generales del Estado, y tramitado por funcionarios de la consejería de Empleo. En total el Estado transfirió a Andalucía para esas ayudas 14 millones 700.000 euros entre 2001 y 2012 para prejubilar a trabajadores. Algunas defensas sostienen que la Junta en base a ellas podía dar las subvenciones que se investigan, contenidas en los presupuestos de la Junta. Órdenes, publicadas en el BOE, que permiten al Estado conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria.