El juzgado ordena a la policía identificar al cuarto joven antes de llamarlo a declarar

Aranda de Duero

La titular del juzgado número uno de Aranda que se encarga de la instrucción del caso de presunta agresión sexual a una menor de 15 años no admite, por ahora, algunas pruebas propuestas por las partes. Entre ellas, de momento y hasta tener seguridad sobre su identidad, ha denegado la declaración como testigo del cuarto joven que aparece en el video musical grabado por la denunciante el día de autos argumentando que esta persona no ha sido identificada aún en el procedimiento. Por este motivo la jueza ordena remitir una copia del vídeo musical a la Policía Nacional con la solicitud de que averigüe los datos de filiación del cuarto joven aún no vinculado judicialmente a la causa. Una negativa que ya ha sido recurrida por la defensa, quien identifica con nombres y apellidos al mencionado testigo, afirmando taxativamente que son sus datos reales. La parte proponente insiste en que la declaración de este testigo es necesaria para esclarecer los hechos. Apela al reciente auto de la Audiencia Provincial de Burgos que ratifica la prisión provisional para los tres investigados, ya que recuerda que uno de los principales argumentos del tribunal burgalés para mantener esta medida cautelar es, precisamente, impedir el contacto entre los tres denunciados y el cuarto varón que aparece junto a ellos en el video grabado por la denunciante para evitar la posible alteración de pruebas. Dado que la Audiencia indica que dicha medida es conveniente hasta que el cuarto joven haya declarado la defensa considera que la denegación, de momento, de admitir la declaración de este testigo supone alargar innecesariamente la excepcional medida de privación de libertad. Un argumento que se repite cuando las defensas solicitan a la jueza que reconsidere la admisión de otros testigos y pruebas que también ha denegado.

Es el caso del testimonio de una joven, de la que, para denegar su declaración, la jueza indica que no es testigo de referencia, mientras que según la defensa podría ofrecer una coartada a los investigados al afirmar haber estado con ellos el día en que la menor denuncia que ocurrieron los hechos.

La jueza tampoco considera pertinente el testimonio de varios jóvenes, menores en algún caso, argumentando que no han sido nombrados por los intervinientes y que por lo tanto se desconoce su relación con los hechos. Por el contrario la defensa insiste en que los contactos que mantienen con la menor los días posteriores a los hechos denunciados son relevantes a efectos de realizar una prueba pericial psicológica, prueba que sí ha sido admitida por la jueza.

Otra de las decisiones judiciales que recurre la defensa es limitar solo a unas horas del 24 de noviembre la investigación sobre las grabaciones de cámaras de vídeo que puedan existir en determinados lugares públicos, ya que asegura que es el único día al que la menor hace referencia en su declaración. Por el contrario los proponentes consideran necesario ampliar esta investigación a otros momentos para contrastar datos que en su opinión no concuerdan.

La defensa coincide en señalar que las pruebas que han sido denegadas no sólo alargan la medida cautelar de privación de libertad, sino que el hecho de no admitirlas obstaculiza la investigación sobre la veracidad de los hechos denunciados, lamentando incluso la posible indefensión en la que se quedan los investigados.

No solo es la defensa la que recurre la decisión de la jueza de limitar las pruebas que proponen las partes: la acusación también ha presentado recurso contra la negativa a llamar como testigo al presidente de la Arandina, entidad que se hacía cargo del pago del alquiler del piso escenario del supuesto delito. En este caso la jueza considera que no tiene relación con los hechos investigados ni su testimonio se considera útil para la causa.

Por otro lado ya hay fecha para el acto de conciliación entre la Arandina y los dos investigados que solicitan que su despido se considere improcedente, Carlos Cuadrado “Lucho” y Víctor Rodríguez “Viti”: el 26 de enero están citadas sendas partes o sus representantes legales a un encuentro ante la autoridad laboral para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no darse el caso los dos exjugadores de la Arandina tienen intención de presentar una demanda ante el juzgado de lo social.