Anticorrupción se opone a que declare Susana Díaz

Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción en el turno de réplica al Partido Popular, lo mismo que todas las defensas, se ha mostrado en contra de citar a declarar como testigo en este primer juicio de los ERE a la presidenta de la Junta Susana Díaz. Anticorrupción sí entiende que cabe llamar como testigo al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que solicitó una ayuda como alcalde de Chiclana, en Cádiz.

La Fiscalía además se adhiere a las defensas y solicita que sea excluido el delito de asociación ilícita del que acusa el PP a los 22 exaltos cargos. El fiscal considera que una vez terminada la investigación no existe “la claridad exigida en los hechos” para poder imputarles el delito de asociación. Por otro lado, el fiscal no ve pertinente que los acusados declaren al final del juicio.

Luis García, el abogado del PP en el caso de los ERE, se ha sumado este lunes a la petición de Anticorrupción y quiere que el Tribunal delimite con claridad el objeto del proceso porque de lo contrario “se puede dar al traste con el juicio al mayor fraude institucional de Europa”. Esa delimitación es necesaria para evitar “la inseguridad jurídica de acusaciones y defensas” provocada por el “galimatías jurídico” que ha causado la Sección Séptima al “delimitar la causa no por hechos sino por delitos”, al establecer que quien sea juzgado en la pieza política no puede serlo por cada una de las ayudas otorgadas, ha explicado el letrado. Una resolución que la Séptima dictó porque los escritos de acusación evaluaban el fraude por la totalidad del dinero dado, 741 millones de euros, según el fiscal.

El PP, incluso, ha asumido las tesis de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, donde ha recurrido en amparo por indefensión, porque no puede ejercer la acusación ni la acción civil en las diferentes piezas separadas del caso de los ERE. De esa forma la Junta no puede acusar a los responsables de la Consejería de Empleo, ha recordado el abogado del PP.

La Junta se retiró como acusación en la pieza “política” porque siempre entendió que el sistema y procedimiento empleado durante una década para dar ayudas directas o ayudas a la prejubilación fue legal. Su pretensión era ejercer la acusación en los procedimientos por cada ayuda.

Las defensas consideran que es “extravagante y extra legem” plantear esa cuestión previa porque el Tribunal no es el competente para ello y no puede ni definir ni redefinir el objeto del proceso, establecido en el auto de procesamiento. Un auto, han recordado, que no recurrió Anticorrupción.

El defensor de la consejera Martínez Aguayo ha dicho que la Fiscalía quiere ahora “cambiar las reglas” y que el Tribunal reinterprete el objeto del proceso para traer a él las 270 ayudas individuales que se investigan en piezas separadas, después de la Sección Séptima estableciera que solo cabe un juicio para los ex altos cargos.

El abogado del exconsejero Antonio Fernández ha llegado más lejos y ha señalado que el fiscal trata de “intimar” al Tribunal, en el sentido de amenazarlo, con que si se juzgan las 270 ayudas tienen que traerse todas a este juicio “y caerían sobre el Tribunal las siete plagas”. Y el letrado Adolfo Cuéllar ha sido todavía más contundente al manifestar que realmente lo que ocurre es que Anticorrupción no sabe ni de lo que acusa a las 22 personas que se sientan en el banquillo.