Andalucía contará con un código de autorregulación inmobiliario

Se convierte en la primera comunidad autónoma en tener un modelo de código de autorregulación en este sector, con el objetivo de proteger los intereses de los consumidores y ser una herramienta de trabajo para los profesionales

Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en disponer de un modelo de código de autorregulación en el sector inmobiliario, que pretende convertirse en "referencia y protección de los legítimos intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y proporcionar a las empresas y profesionales del sector una útil herramienta de trabajo".

Así lo ha destacado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha informado de que la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, ha participado en la presentación del Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria, una iniciativa de autorregulación impulsada por el propio sector empresarial que tiene como objeto constituir una guía para unificar criterios y mejorar la calidad de los servicios profesionales de intermediación inmobiliaria.

La Junta ha asegurado que la iniciativa, que partió desde las propias empresas y profesionales del sector de la intermediación inmobiliaria, encabezados por Unexia, ha contado con la colaboración de la Dirección General de Consumo de la Junta que ha realizado diferentes aportaciones técnicas para completar el documento.

Según ha indicado la secretaria general, "la Junta de Andalucía ha querido formar parte de la iniciativa desde su inicio, por entender que es un proyecto de gran interés que va a contribuir a mejorar la calidad de los servicios profesionales de intermediación inmobiliaria, y, con ello, a proteger los intereses de las personas consumidoras y usuarias en este ámbito".

Con este fin, el Código, de adhesión voluntaria, cuenta con 20 artículos que incluyen protocolos de actuación, requisitos de la publicidad comercial, información a personas consumidoras, forma de adhesión o resolución de conflictos a través de procedimientos de mediación y arbitrajes de derecho.

Entre los aspectos más novedosos, se incluye la obligación para las empresas adheridas de informar detalladamente de los honorarios que se devengarán por el servicio prestado y el IVA correspondiente. Por otra parte, el código disminuye a cinco días el tiempo máximo para responder por parte de la empresa a una posible hoja de quejas y reclamaciones, frente al plazo máximo legalmente establecido de diez días hábiles.

Asimismo, las empresas deberán estar adheridas al sistema de notificación administrativa electrónica, así como al Sistema Arbitral de Consumo, lo que ofrece "una garantía adicional a las personas consumidoras y usuarias, que pueden optar a una vía alternativa a la judicial para la resolución de los posibles conflictos que pudieran surgir".

Además, la Junta ha resaltado que otra de las novedades garantistas más destacadas del código para las empresas que se adhieran al mismo es la póliza de seguro de responsabilidad civil por un mínimo de 600.000 euros que garantice los daños y perjuicios que puedan causar durante el ejercicio de su actividad y el seguro de caución por las cantidades entregadas a cuenta por importe mínimo de 10.000 euros.

El Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria ha sido promovido por la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Habitale, el Colegio Profesional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla y la asociación empresarial Unexia Andalucía.

El Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria ha recibido además el apoyo de la mayoría del Consejo Andaluz de Consumo, un órgano de composición tripartita, integrado por representantes de la Administración Autonómica y Local, del tejido empresarial, así como de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

Además de dar su apoyo al Código, el Consejo ha constituido recientemente el Órgano Sectorial de Intermediación Inmobiliaria, que como ha destacado la secretaria general, "es una iniciativa más que contribuirá a reforzar el análisis y el diálogo en este sector de actividad, promoviendo la colaboración entre los diferentes agentes implicados, así como el desarrollo de propuestas e iniciativas para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias".

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