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Miguel Álvarez "Sobran tanto el ITACYL como Tierra de Sabor"

Miguel Álvarez, Técnico de la Consejería de Agricultura, que declara este lunes en la comisión de racionalización de la adminsitración de las Cortes, señala en la CADENA SER, que tanto el Instituto Tecnologico Agrario como la marca Tierra de Sabor "son totalmente prescindibles"

Miguel Álvarez, funcionario de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León /

Este lunes comparece en la comisión de racionalización de la administración que se celebra en las Cortes, el funcionario burgalés Miguel Álvarez, que actualmente es técnico facultativo de Industrias Agrarias, para constatar que tanto el Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL) como la marca Tierra de Sabor, ambas dependientes de la Consejería de Agricultura, son totalmente prescindibles. De Hecho señala, Álvarez, en declaraciones a la CADENA SER, la marca Tierra de Sabor, “no sirve para nada porque no cumple con su principal función que es la de proteger el origen de los alimentos de Castilla y León”. “El ejemplo lo tenemos con los lechazos que vienen de otros países cada navidad y que nadie controla”, añade.

Este trabajador de la Consejería de Agricultura comparece en una comisión que trata de echar luz sobre la necesidad o no de mantener en la Junta de Castilla y León la denominada administración "B" paralela.

Según Álvarez, “el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ha demostrado que las funciones de investigación y de tecnología que impulsaron su creación fueron una mera excusa para acabar vaciando de funciones técnicas a la Administración, como sucede en el Área de Estructuras Agrarias

Por otro lado, según denuncia la plataforma de funcionarios públicos PLADEPU, entre las 82 encomiendas de gestión entresacadas de Órdenes publicadas en el BOCYL, se observa cómo el ITACYL está subcontratando asistencias técnicas, en vez de hacerse directamente desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, evitando así la supervisión y control imparcial de ingenieros funcionarios de la Administración.

Según PLADEPU “las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio independiente de sus funciones y están externalizando los servicios públicos”.

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Cadena SER

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