La 'Red Española de Inmigración' demanda a la Comunidad por el reparto de los 26 millones de euros del IRPF
La Red Española de Inmigración y ayuda al refugiado va a presentar un contencioso administrativo contra el Gobierno regional. Consideran que ha vulnerado la ley porque, durante el proceso, no notificó los proyectos elegidos y, por tanto, no dio opción de presentar alegaciones a aquellos que se habían quedado fuera. A día de hoy la Comunidad todavía no ha elaborado el listado con los proyectos subvencionados a pesar de que el dinero ya ha sido entregado
aet.es
Es la cifra más alta en la historia de la convocatoria de IRPF. 26 millones de euros para repartir entre los diferentes proyectos de las asociaciones del tercer sector. Hasta ahora ese dinero lo repartía el estado, pero una sentencia del Tribunal Constitucional tras una demanda de la Generalitat catalana, dictaminó en enero de 2017, que la gestión debía recaer en las comunidades autónomas.
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó el real decreto que regula la convocatoria de subvenciones estatales destinadas a fines de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF. El 19 de septiembre la Consejería de Políticas Sociales aprobó y publicó las bases reguladoras de la convocatoria y, a partir de ese momento, las organizaciones sociales comenzaron a presentar sus proyectos. El gobierno de Madrid, sin tiempo para sacar adelante las subvenciones, encomendó a la empresa pública TRAGSA el análisis y evaluación de los proyectos y optó por un modelo de resolución definitiva sin permitir alegar a las ONGS.
Esta es la base de la denuncia de la 'Red Española de inmigración y ayuda al refugiado' según Daniel Méndez, Presidente de esta ONG. "Para entendernos, la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es como si nos presentamos a una oposición y notifica por carta a los que han aprobado, pero no publica en ningún documento oficial quien ha aprobado o ha suspendido ni se comunica a la gente que ha suspendido, que ha quedado fuera de la prueba"
La Red Española de Inmigración, que ahora va a presentar un Contencioso Administrativo contra este proceso y que ofrece su asesoría jurídica a las asociaciones que no tengan, para que hagan lo propio, presentó hasta 14 escritos para que les informaran sobre el estado de sus expedientes sin recibir respuesta. La de Madrid, asegura Méndez, ha sido la única comunidad que no ha mantenido los proyectos de IRPF que la Red tiene en marcha.
Desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que la convocatoria no prevé que sea necesaria una comunicación previa a las entidades, desde la Red recuerdan que aunque no este escrito en la convocatoria sí lo está en la Ley que está por encima de cualquier resolución administrativa.
