La Policía Local creará una unidad especial para el control de las terrazas

Málaga

La Policía Local de Málaga tendrá una unidad específica para el control de las terrazas de bares y restaurantes. El área de Seguridad trabaja en la implantación de una dotación policial especial para la vigilancia de la ocupación de la vía pública, según ha explicado el concejal del ramo, Mario Cortés, durante el debate de una moción en la comisión municipal de Economía. Pese a que ya se trabaja en esta medida, se ha aprobado por unanimidad avanzar en su creación para que se cumpla la ordenanza que regula la expansión de las mesas y sillas de los negocios hosteleros.

Cortés ha recordado que ya existe un protocolo de actuación y que patrullas de la Policía Local controlan a diario no solo las terrazas, sino el cumplimiento de los horarios y los problemas de ruido, aunque se dará un paso más porque es un asunto que genera "cierta alarma".

El concejal no ha estado conforme, sin embargo, con la propuesta del grupo Málaga Ahora de habilitar un teléfono de denuncia para los vecinos, por lo que esta propuesta ha sido rechazada gracias al voto de calidad del PP en la comisión de Economía. "Una infracción de una ordenanza, como cualquier otra, tiene un teléfono, que es el 092, el 112 o el 010, porque no se hacen distinciones entre incumplimientos de ordenanza. Y si empezáramos así, mañana haríamos un teléfono de la hostelería, pasado haríamos un teléfono de las cacas de perro y al otro, no sé de qué haríamos un teléfono. Por tanto, sentido común", ha subrayado Cortés.

Los grupos municipales también han aprobado por unanimidad estudiar la aplicación de una moratoria para frenar la apertura de nuevos negocios de hostelería en las calles del centro más saturadas. La propuesta la ha presentado Ciudadanos y abre la posibilidad de que esa iniciativa se extienda a otros puntos de la ciudad con el mismo problema.

También se ha dado luz verde, pero con el voto en contra del PP, a que esa prórroga se aplique en cuanto estén listos los informes jurídicos pertinentes, independientemente de los estudios para analizar el volumen de negocios. Los populares se han opuesto porque estiman que dar por hecho una moratoria, sin más, crea "alarma e inseguridad jurídica".