López Abad y Amorós volverán a la Audiencia Nacional por las preferentes
La jueza Lamela ordena la apertura de juicio oral por estafa y publicidad engañosa en la comercialización de estos productos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/JHKSMD27RBIGTIBKLDNPZL7HVI.jpg)
María Dolores Amorós y Roberto López Abad en la Audiencia Nacional durante el juicio por la quiebra de la CAM / Cadena Ser
Alicante
La Audiencia Nacional ordena la apertura de juicio oral por la presunta comercialización fraudulenta de las preferentes y deuda subordinada de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El periplo judicial continúa para los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que volverán a sentarse en el banquillo de los acusados.
Según el auto de apertura de juicio oral emitido por la magistrada Carmen Lamela, y al que ha tenido acceso Radio Alicante, se les acusa de los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Más información
El abogado Diego de Ramón recuerda que "aún quedan unos pocos pequeños inversores" que no han podido recuperar algo de lo perdido con las preferentes cuando Banco Sabadell se hizo con la CAM a cambio de acciones. No obstante, él es uno de los que ha decidido continuar el proceso para el resto de afectados.
Insiste en que fue "una estafa por la falta de liquidez que presentaba la caja" y mantiene que "se aprovecharon de quienes no tenían cultura financiera".
Diego de Ramón: "Se aprovecharon de los pequeños inversores y clientes minoristas"
00:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/085RD010000000075710/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Junto a López Abad y a Amorós, se pide la responsabilidad civil directa de la aseguradora CASER y subsidiaria para Banco Sabadell y la Fundación CAM. También está personada en esta causa la asociación Adicae de usuarios de banca. De Ramón pide una indemnización de más de 11 millones para los afectados. La jueza ha impuesto una fianza de 6.000 euros para López Abad y Amorós.
En cuanto a las cuotas participativas, recordamos que la Audiencia Nacional cerró una causa por no ver delito aunque está recurrida ante el Supremo
