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Caso de los ERE

El Tribunal de los ERE rechaza que Susana Díaz declare en el juicio

Sí acepta la comparecencia del vicepresidente Jiménez Barrios y de los exconsejeros Mar Moreno y Antonio Ávila

EFE (archivo)

Sevilla

El Tribunal que celebra el juicio de la pieza política de los ERE ha rechazado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, declare como testigo, como había solicitado la acusación del PP. En cambio, sí considera pertinente que testifiquen el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios y los exconsejeros que estuvieron imputados en su día, Mar Moreno y Antonio Ávila. Son las primeras cuestiones previas planteadas por las partes que se resuelven.

Los jueces consideran que no está "mínimamente justificada la relevancia" que pueda tener la declaración de Díaz en relación con los hechos que se enjuician. "El argumento esgrimido en relación a las manifestaciones públicas realizadas no la convierten en testigo relevante de los mismos", dice el auto que resuelve estas cuestiones previas.

Por otro lado, el Tribunal dice que Jiménez Barrios, Moreno y Ávila podrán acudir asistidos de letrado "en aras a garantizar al máximo sus derechos" sin que eso suponga que se "altere su estatuto personas ni implique" que tengan que personarse en la causa.

Jiménez Barrios acude como testigo por el conocimiento que pudo tener de las ayudas que se investigan, dado que como alcalde Chipiona solicitó una de las subvenciones de la partida de los ERE. El vicepresidente prestó declaración como testigo en su momento, en una de las piezas separas que acabó archivada porque los supuestos delitos en los que podía haber incurrido estaban prescritos.

Los magistrados darán traslado a los peritos judiciales de todos los documentos aportados por las defensas después de la presentación de su informe para que se aligere su interrogatorio.

La Audiencia rechaza la petición del ex director general de Trabajo Francisco Guerrero para que testifiquen los funcionarios del Ministerio de Trabajo que participaron en la elaboración de una orden estatal de 1995 que regulaba las ayudas sociolaborales estatales y que para algunas defensas daba también amparo a las concedidas por la Junta entre 2001 y 2011 para los ERE.

En cambio, admite que testifique la exdirectora de Trabajo del Ministerio Soledad Córdova, a petición del exconsejero José Antonio Viera, investigada en la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. También admite pedir a la Dirección General de Empleo del Ministerio un informe sobre las ayudas sociolaborales del Estado en la misma década.

La vista se reanuda el 12 de febrero. En el banquillo se sientan los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 exaltos cargos de diferentes gobiernos andaluces.

 
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