Historia
Memoria histórica

Primer paso por la dignidad de las víctimas del Franquismo

La Junta de Castilla y León impulsa un decreto de la Memoria Histórica para ayudar a la localización de restos e identificación de las víctimas de la dictadura franquista que todavía permanecen en las cunetas de la Comunidad.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León / ICAL

Valladolid

El Consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha anunciado que en febrero se convocará una línea de subvenciones de 100.000 euros destinada a las asociaciones que trabajan en la Memoria Histórica, en la comunidad de Castilla y León.

Según el vicepresidente de la Junta “es indigno que haya muertos en las cunetas y que los familiares no puedan enterrar con honor” a las víctimas de la dictadura franquista.

Entre las cuestiones que establece la norma destaca la creación de un Consejo Técnico de la Memoria Histórica, formado por técnicos de la Junta y representantes de la Asociación de la Memoria Histórica.

Otro de los elementos recogidos es el acceso a terrenos donde se encuentran las víctimas a través de permisos, cuando sean públicos e incluso con medidas por incumplimiento que pueden llegar hasta los tribunales. En el caso de los privados se realizará “a través de la figura de ocupación temporal”, señaló De Santiago-Juárez.

También se realizará un estudio para conocer el mapa de fosas en Castilla y León que el Ministerio de Justicia cifra en 219.

Por otra parte según informa la agencia ICAL, los sindicatos CCOO y UGT calificaron hoy “como un paso importante para la justicia y la verdad” el Decreto sobre la Memoria Histórica en Castilla y León conocido hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta. En este sentido señalaron que han trabajado junto a otros colectivos durante mucho tiempo para conseguir un marco legal en la Comunidad que viniera a desarrollar el territorio autonómico la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a nivel nacional.

Por ello, ambas organizaciones sindicales animaron a “toda la sociedad de Castilla y León en su conjunto y en especial a las asociaciones que trabajan en esta materia” para, en lo posible, mejorar el texto antes de su aprobación definitiva. A su vez, señalaron que el Decreto “reconoce y amplía derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

CCOO y UGT indicaron que el papel que les ha correspondido desempeñar, especialmente en estos momentos, “ha sido el concienciar al conjunto de la sociedad y al Gobierno de la Comunidad de que no es posible que en el siglo XXI aún permanezcan en las cunetas de las carreteras y en fosas comunes, sin identificar, aquellos que lucharon por mantener la democracia en España”.

A su vez, precisaron que han intentado “servir de puente” entre la Administración autonómica y las asociaciones implicadas en el tema, que “deben adquirir el papel que les corresponde en el Decreto citado”. Por ello, consideraron que el resultado obtenido “supone un progreso respecto a la situación precedente y abre vías serias para avanzar hacia objetivos de mayor y necesario calado”.

 
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