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El juez niega la entrega de las actas del Canal que ya tienen todos los grupos

El PP reclamará a los grupos los documentos. Para la oposición, el auto judicial solo impide la entrega de las actas directamente desde el juzgado

Este auto, fechado el pasado 29 de enero, al que ha tenido acceso La SER, es la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno de Cifuentes, que el pasado 3 de enero envió una consulta al Consejo General del Poder Judicial, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, Ángel Garrido. Según el escrito del Juez de la Audiencial Nacional, se le consultó que "informara si el Gobierno de la Comunidad de Madrid debía facilitar documentación requerida por la Comisión de Investigación de la Asamblea relativa a este procedimiento judicial [operación Lezo]"

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, responde que "no" El magistrado es categórico: "No ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, relativa a este procedimiento judicial”, en este caso, la operación Lezo.

En su razonamiento jurídico, aclara que "hasta la apertura de juicio oral no serán públicos todos los actos del proceso", y añade que la Comisión de Investigación no está facultada “para recabar información o documentación al Poder Judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales”. En este caso, la Comisión de Investigación de la Corrupción nunca solicitó la documentación al juez, sino directamente al Gobierno madrileño, al tratarse de documentos administrativos. De hecho, el magistrado admite "la evidencia de la facultad [de la comisión] de recabar información y documentación que concede a los integrantes de cualquier Comisón de Investigación se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración", como es el caso de la documentación que reclamó en noviembre de 2016 la oposición.

Otra de las razones que da el juez para justificar esa restricción es que impedir la entrega de documentos es una vía para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, la misma tesis que alegó el pasado 29 de noviembre, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que preside María José Rodríguez, cuando vetó con el apoyo de la Fiscalía el envío de la documentación sobre la caja b del PP al Congreso, al entender que no cabe “predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos de los acusados”, de los que se presume su inocencia. La diferencia es que en ese caso, los grupos del Congreso solicitaron directamente la información al Juez, no a la administración, tal y como se ha hecho con las actas del Canal.

El juez del Caso Lezo niega la documentación, pero es evidente que una buena parte de esa documentación ha llegado ya a la Asamblea de Madrid, no solo las actas del Canal, sino también informes de despachos de abogados y contratos de constitución de las filiales del Canal.

Diferentes interpretaciones

El auto del juez García Castellón ha sido interpretado de manera diferente por el gobierno de Cifuentes y la oposición. Para el número 2 del gobierno regional, la decisión del magistrado, avala sus tesis y por tanto, invalida la entrega de las actas del Canal de Isabel II a la comisión de investigación. Por este motivo el PP va a solicitar este miércoles la entrega de toda la documentación a los partidos.

Las formaciones de la oposición interpretan de manera diferente el auto. Creen, a la espera de las aclaraciones pertinentes en la reunión de la mesa que se celebra este mediodía, que el juez rechaza la entrega de las actas desde el juzgado al formar esta documentación parte de una investigación pero no se refiere explicitamente en sus argumentos a la imposibilidad de que sea el propio gobierno de Cifuentes el que les haga llegar esa documentación directamente.

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