Castelló en Moviment pide un pleno extraordinario sobre corrupción

Castellón

La formación Castelló en Moviment en el Ayuntamiento de Castellón pide la convocatoria de un pleno extraordinario sobre corrupción. El grupo ha elevado la propuesta al resto de partidos y de momento, se ha unido Compromís. PSOE y Ciudadanos todavía lo están estudiando y el PP afirma que no se oponen a que se celebre pero no lo pedirán.

Según el portavoz de la formación, Xavi del Señor, para que se celebre el pleno extraordinario es necesario tener el apoyo de una cuarta parte del total de concejales, es decir, hacen falta 7 firmas. En estos momentos, el pleno ya podría celebrarse, debido a que cuenta con el respaldo de 8 ediles, 4 de Compromís y 4 de Castelló en Moviment. No obstante, desde la formación asambleria está esperando que PSOE y Ciudadanos se unan también para tener el mayor apoyo posible. Fuentes del PSOE afirman que no se han unido todavía a la petición porque quieren negociar el orden del día con el resto de partidos para saber si los puntos que se van a debatir se ajustan a la legalidad o son viables, entre ellos, la creación de un Código Ético en el Consell Social de la Ciutat. Mientras, el PP no ha querido unirse a la petición. Los populares afirman que el debate sobre corrupción ya tuvo lugar en el Ayuntamiento en una Comisión de Investigación que se celebró en 2010. Afirman que irán al debate si se convoca el pleno pero que no lo pedirán ellos.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado este martes en la Tertulia de Radio Castellón que la portavoz del PP, Begoña Carrasco, debería pedir la dimisión de sus compañeros de partido Juan José Pérez Macián y Javier Moliner por ir en las listas del PP en las municipales de 2007.

Según Del Señor, el pleno extraordinario debe servir para aprobar medidas contra la corrupción y para combatir el fraude. El concejal ha puesto de ejemplo que los actuales concejales del PP, Javier Moliner, Juanjo Pérez Macián y Vicent Sales, obtuvieron las actas de concejales en las elecciones municipales de 2007, cuando el PP financió su campaña electoral de forma presuntamente ilegal, según han declarado los empresarios en el juicio de la trama Gürtel.