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Cambios en el callejero

Cambiar los nombres del callejero de nuestras ciudades siempre ha sido un acto político. Lo fue cuando los primeros gobiernos del Franquismo cambiaron los nombres de algunas calles tras la Guerra Civil, y lo fue cuando así lo decidieron los primeros ayuntamientos democráticos. También lo es ahora cuando algunos consistorios municipales deciden realizar un nuevo cambio en los callejeros en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Nos puede parecer más o menos oportuno, nos puede gustar más o menos, pero es al ayuntamiento al que le corresponde tomar este tipo de decisiones de acuerdo con las mayorías políticas existentes. En este asunto, como en otros, no hay más que acatar la legalidad, como principio básico de toda democracia, sin menoscabo de que esa legalidad pueda ser cambiada de acuerdo con los procedimientos implícitos en ella. Si ahora hay una mayoría política en el ayuntamiento que ha decidido, en uso de sus competencias, cambiar los nombres de algunas calles de nuestra ciudad, hay que respetar esa decisión y acatarla. Los que no estén de acuerdo, tienen todo el derecho a criticar esa política, y a presentar todas las alegaciones que consideren necesarias para contrarrestar el informe de la comisión de historiadores. Pero lo que no es admisible es, como proponen algunos grupos políticos, promover referéndums en los barrios afectados, ya que eso sería hacer recaer en los vecinos la responsabilidad de decisiones que como he señalado corresponde al ámbito de la política.

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