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El Supremo condena a la Generalitat a indemnizar a una UTE con 14'6 millones

Tendrá que pagar por daños y perjuicios a la empresa que acometió las obras del acceso Norte a Alicante, en época de Camps

La fuente en la rotonda de Vistahermosa, emblema de las obras de la avenida Denia, inauguradas en 2010 por Camps, por las que ahora la Generalitat deberá indemnizar a la UTE contratista. / Google maps

Alicante

El Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat a abonar 14,6 millones de euros a una UTE en concepto de daños y perjuicios por sobrecostes en la construcción del Acceso Norte a Alicante Avenida de Denia. Considera que esos sobrecostes se derivaron de causas imputables a la Administración demandada.

De este forma, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso de Dragados S.A., Rover Alcisa, S.A. y Unión Temporal de Empresas, que el TSJ había revocado en mayo de 2015, rechazando por aquel entonces las pretensiones de las empresas.

La contratación de las obras a estas sociedades fue adjudicada en junio de 2006 con un precio final de 33'8 millones de euros. La entrega de la obra tuvo lugar en diciembre de 2010, siendo president el popular Francisco Camps y con Mario Flores como conseller de Infraestructuras. La UTE formuló alegaciones tres meses después de la entrega, pero no interpuso la reclamación de daños hasta un año después.

Considera la sentencia que la reclamación de 14,6 millones de euros por daños y perjuicios que hacen los contratistas se debía a "las ampliaciones de plazo y los modificados contractuales", y achaca "como motivo directo y determinante el comportamiento de la administración". Añade que "desde el primer momento" la administración "incumplió con sus obligaciones contractuales". Hace hincapié en que "era imposible el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra".

Recoge que la obra que iba a ser realizada en 17 meses se hizo en 40, "por causas no imputables al contratista" y que el hecho de aceptar "las prórrogas unilaterales impuestas por la Administración" no implica que la UTE tuviera que "renunciar a los daños producidos por tal retraso".

Alude también la sentencia a un informe de 2010 de la jefa de Servicio de Contratación de la Conselleria sobre las causas de uno de los modificados, "motivadas -dice- por cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante, por la inclusión de una gran fuente ornamental y la ejecución de reposiciones de vallados y cerramientos no incluidos en el proyecto principal".

Finalmente, añade el Tribunal Supremo que "los daños producidos por los diversos sobrecostes "nunca fueron cuestionados por la Administración". Y concluye que "cuando es la propia administración la que incumple las obligaciones derivadas del contrato, no estamos ante el riesgo y ventura imputable al contratista", sino ante un "incumplimiento contractual" por parte de ésta, con lo que condena a la Generalitat al pago de los 14,6 millones.

Herencia del PP

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio considera que ésta es una más de las incontables sentencias que vienen condenando a la Generalitat al pago de enormes cantidades de fondos públicos, y que tiene que asumir el actual gobierno valenciano, por sobrecostes o actuaciones mal ejecutadas realizadas por los anteriores gobiernos del PP.

Añade que "es un caso más de la ruina en diferido que ha dejado el anterior gobierno de la Generalitat del PP". De hecho, dice, hay que recordar que las obras se adjudicaron en 2006 por un importe de 33,8 M€ y fueron modificadas el año 2009, incrementándose su importe en cerca de 6,5 M€ por razones imputables a la Conselleria porque incluyó diversas actuaciones no previstas inicialmente en el contrato adjudicado.

En este sentido, desde la conselleria han lamentado la "gran losa de pagos por indemnizaciones debido a la mala gestión del anterior gobierno que se une también a la de los pagos aplazados que dejaron". En el caso de esta obra de la Avenida de Dénia la actual Generalitat ha pagado ya 12,5 millones de euros entre 2015 y 2017 y falta por pagar otros 12,5 entre 2018 y 2020 a los que hay que sumar ahora los 14,6 de la sentencia. De hecho, la Conselleria se ve obligada diariamente a afrontar el pago de millones de euros como consecuencia de las deudas, sobrecostes, expedientes de ayudas y subvenciones sin pagar que ha generado la nefasta gestión realizada por los gobiernos del PP.

Por ello, insisten desde Conselleria que "resulta paradójico que el PP haya formulado en les Corts hace unos días una petición de comparecencia de la actual consellera para que informe sobre qué inversiones nuevas está previsto ejecutar cuando sería más oportuno que pidiera la comparecencia de los anteriores responsables de la Conselleria (entre los que se encuentra la actual presidenta del PP Isabel Bonig) para que diera cumplida respuesta a los motivos que indujeron a todos esos descomunales sobrecostes y deudas de todo tipo".

 
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