MEMORIA HISTÓRICA

Las asociaciones memorialistas de la Comunidad trasladan a la Junta las carencias del proyecto de decreto de Memoria Histórica

Consideran un error centrarlo únicamente en las exhumaciones porque no solo los desaparecidos son víctimas

Las catorces asociaciones memorialistas de Castilla y León han emitido un comunicado conjunto plasmando varias de las observaciones comunes respecto al Proyecto de Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aunque valoran positivamente la iniciativa en la que trabaja el gobierno regional. El presidente del colectivo soriano ‘Recuerdo y Dignidad’, Iván Aparicio, insiste en que “primero queremos destacar que si se ha llegado a este punto es por el arduo trabajo que las asociaciones llevamos realizando durante años, con nuestros propios medios en la gran mayoría de casos”.

Agradecen que, por fin, “la Junta de Castilla y León cambie el rumbo respecto a la Memoria Histórica y tome partido y aplaudimos que decida apoyar a un colectivo que trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad. Pero calificamos de muy insuficiente este Decreto”.

Las asociaciones de Memoria Histórica de la comunidad de Castilla y León creen que “este Decreto debería haberse desarrollado como Ley y debatido en las Cortes en aras de su pluralidad. Y señalamos además que esta iniciativa todavía puede llevarse a cabo durante esta legislatura. En este sentido se observa que el Decreto solo llega a las exhumaciones e investigación, a cubrir vacíos jurídicos derivados de la Ley de Memoria Histórica y a crear un órgano técnico y otro consultivo”.

En cuanto a la exclusividad de las exhumaciones, “no solo los desaparecidos son víctimas”. La represión consustancial a la toma del poder por parte de los sublevados en 1936 y la violencia del franquismo incluyeron campos de concentración, trabajo esclavo, cárceles en condiciones miserables, represión específica contra la mujer (como rapadas , ingesta de purgante, paseos por el pueblo mientras el laxante hacía efecto y violaciones), robo de bebés, palizas, torturas, exilio, orfanatos, depuraciones de funcionarios, castigos por orientación sexual, trasladados de restos al valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de las familias, consejos de guerra, deportaciones a los campos nazis y otras formas de violencia.

“Creemos que el Decreto y las ayudas deben ir más allá y contemplar todo tipo de víctimas. Si no se hace debería adecuarse el título del Decreto a su contenido. Otro aspecto que debería tenerse muy en cuenta en las exhumaciones y que no recoge la norma es la judicialización de las fosas comunes y la presencia judicial en el levantamiento de los restos mortales de los desaparecidos”.

Respecto a los nuevos órganos a crear, “se teme que hagan aún más complejo el protocolo de exhumaciones y que retrase estos procesos que conllevan la investigación, la localización de las fosas, la recogida de testimonios, la documentación, la solicitud de permisos, la denuncia judicial, la excavación, la exhumación, la identificación genética, el homenaje y la devolución de los restos a sus familiares para su posterior inhumación. Creemos que se podría realizar un protocolo más sencillo adaptando la norma existente”.

En la norma no se habla de la simbología fascista, y pese a plantear un mapa de fosas comunes no hay un solo lugar de memoria declarado, no se reconoce como tales a las víctimas y no se condena la violencia ni al franquismo en sí. Pese a las distintas sensibilidades que engloba la diversidad de las asociaciones memorialistas, “se observa la necesidad de una iniciativa que acerque la Memoria Histórica Democrática a los centros educativos, un banco de AND y algunos aspectos técnicos del Decreto, como la diferenciación en los presupuestos entre organizaciones autonómicas y provinciales, cuando no existen las primeras y podría aprovecharse la circunstancia para crear asociaciones ad hoc para beneficiarse de las ayudas.”.

Todas estas inquietudes se han trasladado a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León tal y como el propio vicepresidente sugirió, “entendiendo que todavía pueden corregirse”.

 

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