Viera: “Estaba convencido de que actuábamos de manera legal”

Sevilla

José Antonio Viera, el exconsejero de Empleo de la Junta, siempre pensó que su actuación se ajustaba a la legalidad, pero 18 años después no ha sabido responder a la pregunta sobre la que se sustenta el llamado caso de los ERE. “¿Conocía la inexistencia de la regulación de las ayudas?”, ha preguntado el fiscal. “18 años después no tengo capacidad para decirle. Estaba convencido de que actuábamos de manera legal”, ha respondido. La Intervención, ha defendido, nunca le advirtió de que se estuviera cometiendo ninguna ilegalidad al pagar las subvenciones.

“Mi función era política y no gestora. Yo no podía controlar los procesos administrativos”, ha añadido en otro momento de su interrogatorio. Y ha señalado también, con énfasis, que todo lo que firmó estaba “plenamente convencido” de que era legal. Con estos argumentos se ha querido defender de los ocho años de cárcel a los que se enfrenta en este juicio por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La base de las acusaciones se apoya en que las ayudas directas a empresas y ayudas socio laborales investigadas no estaban supuestamente reguladas por ninguna norma. De ahí que la consejería de Empleo elaborara cinco proyectos de órdenes y decretos, que nunca llegaron al Consejo de Gobierno porque nunca pasaron el filtro de las reuniones de los viceconsejeros, que presidía el acusado Gaspar Zarrías.

El exconsejero Viera ha considerado “normal” que los borradores de decreto no salieran adelante. Lo mismo que considera “normal” cualquier modificación presupuestaria, como las que aprobaba el Consejo de Gobierno para hacer frente a los continuos compromisos que asumía Empleo con las diferentes empresas andaluzas.

Viera ha insistido en que las ayudas de los ERE son ayudas individuales y no ayudas a empresas, con lo que no entraban en contradicción con la legislación europea. Y ha manifestado, también, que desconocía que la fórmula que se pagaban los ERE no permitía la fiscalización previa del gasto por parte del interventor de Empleo. Las ayudas las aprobaba el director general de Trabajo y las pagaba la agencia púbica IDEA mediante transferencia de dinero.

José Antonio Viera desconocía que con la partida de los ERE se pagaron campañas publicitarias o algunas obras. Y ha preguntas de su abogada ha terminado manifestando que el Gobierno central también pagó ayudas socio laborales a empresas en crisis, en base a una orden ministerial del año 1995. En total 416 millones de euros entre 1995 y 2012.

José Antonio Viera ha empezado declarando con sosiego y tranquilidad, pero se ha ido exasperando conforme avanzaba el interrogatorio de Anticorrupción.

Durante la sesión el presidente del Tribunal ha dejado claro que en este procedimiento no se enjuician las ayudas individuales pero que se puede preguntar por ellas “si para acreditar hechos hay que preguntar por ellas”.

Por su parte el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, ha ratificado su última declaración judicial, la que efectuó de forma voluntaria. Ha dicho que nunca habló de la partida 31 L como un fondo de reptiles porque era una partida que figuraba en los presupuestos de la Junta, que aprobaba cada año el Parlamento. Guerrero ha terminado señalando que los gobiernos de la Junta han sido “muy honestos y conscientes de la realidad andaluza”.