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Las ayudas de los ERE estaban reguladas en la ley de presupuestos que aprobaba el Parlamento

El exviceconsejero de Empleo asegura que el procedimiento con el que se pagaron estas ayudas era conocido por los parlamentarios, que hasta pedían algunas para sus provincias

El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Agustin Barberá (d), a su llegada a la Audiencia de Sevilla /

El exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha repetido, a preguntas del fiscal, que el procedimiento que usó la Junta para pagar ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas estaba recogido en las leyes de presupuestos, que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. Lo que desconocía Barberá es que el director general, Javier Guerrero, estaba otorgando ayudas vitalicias porque nunca vio los expedientes donde se acordaba esa concesión ni tampoco las pólizas. A pesar de eso, enviaba un papel con su visto bueno al órgano pagador, la agencia IDEA. Era un visto bueno sin la firma del interventor de Empleo.

“Mi comportamiento siempre ha sido el más legal posible. Cuando tuve conocimiento de un comportamiento irregular lo trasladé a la Fiscalía”, en referencia a que él denunció la extorsión de los directivos de Mercasevilla a los empresarios de La Raza.

Barberá nunca tramitó ninguna ayuda, nunca recibió el informe de la Intervención general que advertía de la falta de idoneidad del procedimiento usado para pagar subvenciones porque existía riesgo de menoscabo de fondos públicos. Tampoco le dieron traslado del informe de control financiero permanente del interventor de la agencia IDEA donde advertía que no se podían pagar subvenciones mediante transferencias de financiación, porque esa figura solo cabía para equilibrar la cuenta de gastos e ingresos de IDEA. De todas formas, considera que “es discutible que un interventor delegado plantee la idoneidad de una figura que está recogida en la ley de presupuestos”.

Barberá ha declarado que desconoce si el director general hacía un seguimiento de las ayudas. Ha mostrado su “estupor” por el hecho de que la Fiscalía criminalice las modificaciones presupuestarias que debían aprobarse en Hacienda o en el Consejo de Gobierno para dotar de fondos los compromisos de Empleo con las empresas. Esas modificaciones presupuestarias, ha recordado, tenían la aprobación de la Intervención. “Todo el dinero era poco”, para la partida 31 L con la que se pagaban los ERE, dada la conflictividad laboral que existía en Andalucía, ha explicado.

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