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La nueva ley de contratos del sector público pone las cosas difíciles a los corruptos

El próximo 9 de marzo entra en vigor la nueva ley de contratos que generalizará las subastas electrónicas y obligará a la digitalización en la administración pública, y que es la protagonista del Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica

Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica /

La nueva Ley de Contratos del Sector Público con la digitalización como foco principal será un antes y un después para la administración pública. Es lo que asegura José Luís Arístegui, director general de Vortal España, una de las mayores empresas especializadas en contratación pública electrónica a nivel nacional e internacional y miembro de la Comisión de la Agenda Digital.

La tercera edición del Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE 2018), que arranca este miércoles en Madrid, analiza este nuevo escenario para las administraciones públicas. La nueva ley obligará a la digitalización de todas las licitaciones públicas en España. Y es que trae importantes cambios, no solo a la hora de contratar, sino que va más allá a través de las subastas electrónicas, las modificaciones en cuanto a tramitación y las restricciones al uso de los procedimientos sin publicidad.

Para Arístegui, "esto supondrá un gran cambio tanto para las empresas como los funcionarios, que deberán acostumbrase a una nueva vía de comunicación: la online". Ahora bien, para cumplir la ley, las administraciones deberán adecuarse a la contratación electrónica, algo que todavía no todas realizan y que es un reto de cara a los próximos meses porque en la actualidad sólo el 5% de las Administraciones contratan por vía telemática.

Además, los ciudadanos también saldrán beneficiados ya que la nueva vía de contratación podría conllevar un ahorro de 48.000 millores de euros anuales que se van a cuenta de la corrupción. Y es que, recuerda Arístegui, las adjudicaciones por la vía telemática garantizan la trazabilidad y la seguridad del procedimiento, con lo que se minimiza el impacto de la corrupción.

La nueva normativa también impone fuertes restricciones a los contratos menores, que actualmente no tienen que someterse a un proceso de adjudicación público.

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