Un juzgado investiga presuntas irregularidades denunciadas en dos contratos de Torremolinos

Málaga

Un juzgado de Torremolinos (Málaga) tiene abiertas unas diligencias tras la denuncia presentada por el grupo municipal del Partido Popular Ayuntamiento de dicha localidad por presuntas irregularidades en dos contratos municipales que contarían con reparos del interventor.

Según un auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, las diligencias previas se abren tras la denuncia presentada por un presunto delito de prevaricación y para practicar pruebas necesarias para determinar los hechos. Así, se acuerda la declaración del interventor como testigo para el próximo 8 de marzo.

Según la denuncia, en la revisión de expedientes los ediles del PP detectaron la existencia de "reparos del interventor municipal" en los que dicho habilitado nacional "advierte de irregularidades", entre las que, apuntan, se encuentran los dos casos de 2016 denunciados ahora.

En el primero, según se denuncia, se contrata con un proveedor más de 65.000 euros "fuera de contrato, fraccionándolos en cinco facturas de importes inferiores al contrato menor, eludiendo así el procedimiento de selección en concurrencia abierta, contratando sin pliego de condiciones ni publicidad".

Al respecto, el escrito apunta a que en un informe se pretende amparar la urgencia en contratar los grupos semafóricos, pero se precisa que no se trata de un obra sino de un corte de tráfico para una prueba de peatonalización, con lo que los denunciantes sostienen que se podía haber demorado dicho corte "para que los semáforos hubiesen sido adquiridos respetando la ley".

En el otro caso, se explica que se amplía el contrato con una empresa aumentando el pago en 27.000 euros, "ocultándolo a la Intervención", que cuando lo detecta advierte en forma de reparo al pago. Además, se añade que con esta ampliación de un contrato "ya adjudicado sin publicidad" se rebasa el límite cuantitativo que permite ese procedimiento al sumar 84.000 euros.

Así, en la denuncia se indica que los hechos podrían ser un delito de prevaricación administrativa, al representar "una desviación consciente de las formas que deben presidir el gasto del dinero público".

La denuncia se dirige contra la que era edil de Tráfico en 2016 y actual concejala de Hacienda, Maribel Tocón; y el coordinador de Seguridad, que, según el escrito, firmaron las facturas; así como contra el alcalde, José Ortiz, que habría rubricado un decreto posibilitando la prórroga en el segundo caso denunciado "pese a que como es evidente hubo de advertir que no contaba con la Intervención".