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La gestión del agua seguirá en manos de las comunidades de regantes

La iniciativa de Podemos, desestimada en la Asamblea, persigue la defensa del carácter público de las Comunidades de Regantes ante el intento de privatizar el agua de regadío

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena. /

La Asamblea Regional ha rechazado la moción presentada por Podemos sobre la gestión pública del agua, y en su lugar, se aprobó una enmienda a la totalidad del PP en la que se contempla pedir al Gobierno nacional mantener a las Comunidades de Regantes como entidades de carácter público y reforzar su papel en la gestión de estos recursos.

La iniciativa de Podemos persigue la defensa del carácter público de las Comunidades de Regantes, en lo que consideran como un intento de privatización del agua de regadío.

Para la diputada de Podemos, María Giménez, el desembarco de grandes multinacionales internacionales al campo murciano buscando nuevas fórmulas de gestión del agua les invita a pensar que desde el Gobierno regional se "coquetea con la privatización del regadío".

Desde el PP, el diputado Juan Guillamón se defiende atacando el interés por 'nacionalizar' esa gestión del regadío, como pretende con la iniciativa Podemos, y dice que son partidarios de conjugar la iniciativa privada y la pública.

El socialista Jesús Navarro ha advertido que lo que sobrevuela por la Región es la privatización del agua de riego, con la connivencia del PP.

Desde Ciudadanos, que se han abstenido en la votación, defienden que la gestión del agua debe ser "eficiente y eficaz", al margen de que ésta sea pública o privada.

El Pleno de la Asamblea también ha aprobado instar al Gobierno a conceder la Medalla de Oro de la Región a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, y ha aprobado por unanimidad una iniciativa que persigue apoyar y promocionar las XXXIII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, que se celebrarán en marzo en Mula.

También, y sólo con los votos a favor del PP, se ha aprobado una iniciativa en la que apoyan el mantenimiento en el Código Penal español de la pena de prisión permanente revisable.

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