Política
Caso Caja España

Solo el ex alcalde Paco Fernández accede a testificar en la primera jornada de declaraciones judiciales

El resto de los citados este lunes se han acogido a su derecho de no declarar

El cocnejal del PP en el Ayuntamiento de León, Javier García Prieto, en compañía del sindicalista de UGT, Miguel Ángel Álvarez, momentos antes de entrar a declarar como investigados por el Caso Caja España / Radio León / Cadena SER

León

Los primeros investigados por el Caso Caja España han pasado esta mañana por el juzgado de instrucción número 5 de León citados para prestar declaración en el marco de las diligencias previas abiertas por presunta administración desleal contra los miembros del antiguo consejo de administración de la entidad financiera.

De los ocho que debían pasar hoy por el juzgado leonés, solo uno de ellos, el ex alcalde Francisco Fernández, ha accedido a declarar, el resto se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

El sindicalista de UGT, Miguel Ángel Álvarez, el ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital, Javier García Prieto fueron los primeros en acudir a la llamada de la jueza instructora. Entre este lunes y martes pasarán también por allí, entre otros, el ex concejal popular de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, el leonesistas Bernado Álvarez, el secretario autonómico de Asaja, José Antonio Turrado y los socialistas Olga Palacio y Marcos García. El único miembro del consejo de administración de la extinta Caja España que no tendrá que acudir a declarar es el número 3 del PP nacional, Fernando Martínez Maíllo, que es aforado gracias a su puesto de diputado en el Congreso.

Es la segunda vez que acuden a los juzgados. En la primera ocasión, hace casi tres años, no llegaron a comparecer ante la jueza por culpa de un fallo en las grabaciones de una de las pruebas, lo que obligó a rehacer parte de la instrucción. 

Ahora, la estrategia de la defensa pasa por apelar a un informe de los técnicos de la caja que daba el visto bueno a la concesión de créditos por valor de más de 70 millones de euros en condiciones supuestamente ventajosas al entonces presidente de la entidad, el constructor Santos Llamas. Asegura la defensa que el consejo de administración se limitó a seguir las instrucciones marcadas por los responsables técnicos de la entidad.

La acusación, por su parte, recuerda que los peritos del Banco de España sí señalarona los exconsejeros como responsables de la administración desleal que se les imputa, por eso, confían en que, tras esta declaración, se les acabe abriendo juicio oral.

 
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