La Audiencia rechaza que se vuelva a interrogar a los técnicos municipales de Comercio

Alicante

Primer varapalo a los recursos presentados contra la apertura de juicio oral por el caso del fraccionamiento de contratos en el área de Comercio del Ayuntamiento de Alicante en diciembre de 2016, cuando era responsable de la misma el propio alcalde. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante desestima el recurso de apelación presentado por los asesores del alcalde Gabriel Echávarri dentro de la causa que se sigue por el fraccionamiento de Contratos en Comercio y contra el auto de apertura de juicio oral.

Rechaza la sala que vuelvan a declarar los dos técnicos municipales que ya lo hicieron ante el juzgado de instrucción número 9 de Alicante como pedían Lalo Díez y Pedro de Gea. Los dos asesores del alcalde consideraban que ambos testigos debían volver a ser interrogados al apreciar contradicciones cuando aseguraron que no se hicieron las cosas como se debía. Estos dos técnicos ya declararon en fase de instrucción sobre el presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía en diciembre de 2016.

La defensa de Díez y De Gea presentó el recurso solicitando una nueva testifical de las técnicos con el objetivo de analizar "las actuaciones que se pudieran haber ejecutado" en el área de Comercio "en el año 2013 o sucesivos". El tribunal considera que analizar las actuaciones anteriores a 2016 "no afectará al carácter penal de los hechos imputados, sin perjuicio de la relevancia que pudieran tener para conocer las dinámicas de trabajo, debate más propio del juicio oral, acto para el que podrán ser citadas los testigos cuya declaración ahora se pretende".

El pasado lunes 19 de febrero, la Audiencia sometió el recurso a deliberación y fallo.

Otros recursos

En cuanto al recurso contra el auto de apertura de procedimiento abreviado (fase previa a la apertura de juicio oral) fuentes de la defensa del alcalde Echávarri han indicado que todavía no hay fecha para su resolución que también está pendiente en la Audiencia.

La causa investiga la presunta fragmentación de contratos de la Concejalía de Comercio por un montante cercano a los 170.000 euros, denunciada por el PP. En ella se encuentra en calidad de investigado el alcalde de Alicante, acusado de un delito de prevaricación, junto a los asesores Pedro de Gea y Eduardo Díez, acusados también de prevaricación y de usurpación de funciones al usar supuestamente la firma digital de Echávarri para cursar las facturas objeto de investigación.