Economia y negocios

Ciudadanos denuncia conflicto de intereses en la concesión de la subvenciones del IRPF

Al menos dos trabajadores de la empresa pública que realizó la evaluación de proyectos (TRAGSATEC), entraron después a formar parte de la plantilla de dos onegés que recibieron subvenciones de la Comunidad de Madrid

Alberto Reyero, Portavoz de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid / Ciudadanos Madrid

La Comunidad encomendó a la empresa pública TRAGSATEC que realizara la valoración de los proyectos de las onegés que optaban a las subvenciones del 0,7% del IRPF, después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que tenían que ser las propias autonomías las que gestionaran estos ingresos.

Madrid fue una de las pocas comunidades que no pidió al Estado que realizara un año más el reparto y optó por pedir ayuda a TRAGSATEC. Los problemas llegaron cuando, a principios de enero, comenzó a llegar el dinero de las subvenciones a las cuentas bancarias de las entidades, sin notificaciones previas y sin que, durante el proceso se diera opción a los proyectos que quedaron fuera de presentar alegaciones.

La encomienda de gestión a TRAGSATEC se conoció el 4 de diciembre pero no se publicó, según denuncia Alberto Reyero de Ciudadanos, "ni en el BOCM, ni el portal de transparencia de la Comunidad, ni el de la propia empresa. No sabemos cuándo se formalizó, cuánto ha costado o quién ha supervisado su trabajo".

Pero lo que más preocupa al partido naranja es la subcontratación de personal que realizó la empresa pública para llevar a cabo el trabajo. Una empresa pública que, no olvidemos, dice Reyero "trabaja con determinadas onegés de cooperación al desarrollo. De hecho en una de ellas, MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la libertad), TRAGSATEC aparece como empresa colaboradora en su web y esta organización fue una de las mayores beneficiarias de la convocatoria con casi 700 mil euros". TRAGSATEC, asegura Reyero, no parece la empresa más adecuada para realizar este trabajo.

Lo que ya le resulta inaudito al portavoz de políticas sociales de Ciudadanos "es que uno de los evaluadores, en su propio LinkedIn, reconozca que ha trabajado para TRAGSATEC en el reparto del IRPF de la Comunidad de Madrid de octubre a diciembre y que a partir de enero fue contratado por otra de las onegés que recibió subvenciones.

Desde la consejería de Políticas Sociales aseguran que proceso ha sido totalmente transparente y acorde a la Ley, y que para garantizar la objetividad ningún alto cargo ha estado en ninguna mesa de valoración.

 
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