La EMT denuncia un ciberataque contra su sistema informático
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid contrata un servicio de auditoría para garantizar la seguridad de sus sistemas
Ayuntamiento de Madrid
Madrid
La EMT acudió a los juzgados el pasado 26 de enero para presentar una denuncia tras detectar un ciberataque contra una parte de su sistema informático. Una vez conocida esta supuesta suplantación de identidad, la Empresa Municipal de Transportes decidió contratar un servicio de auditoría de ciberseguridad.
Con una doble finalidad: garantizar la seguridad de sus sistemas y descartar el uso de software malicioso o de intentos fraudulentos de acceso a sus sistemas, como supuestamente podría haber ocurrido.
11 días después de presentar la denuncia, el pasado día 6 de febrero, la EMT publicó un anuncio de transparencia solicitando manifestaciones de interés para la ejecución del contrato denominado “Servicio de auditoría de ciberseguridad”.
La empresa necesita comprobar si hubo conexiones no autorizadas o sospechosas que puedan haber eludido los sistemas de seguridad informática implantados en la EMT, tras un ataque de phishing.
El phishing o suplantación de identidad es un modelo de abuso informático que se comete cuando se intenta adquirir información confidencial de forma fraudulenta.
La presentación de la denuncia y la contratación de la auditoría avalarían la idea de que la empresa municipal no tenía previsto, en ningún caso, el espionaje de sus equipos informáticos o la "pérdida de determinada información que pudiera ser esencial” para la investigación sobre BiciMAD, como indicó el PP.
Los hechos denunciados se produjeron pocos días antes de que el pleno municipal aprobara la creación de una comisión de investigación sobre la compra de BiciMAD, cuyo servicio gestiona la EMT tras la cesión del contrato a cargo hasta entonces de Bonopark. La comisión se constituyó el pasado lunes y celebrará su primera sesión de trabajo el próximo 6 de marzo, que es cuando se acordarán los comparecientes y empezará a correr el plazo de tres meses para investigar lo acordado por el Pleno municipal.
