Diputación apoya a la Comisión Europea ante la ‘crisis de territorio’

Soria

La Diputación Provincial de Soria, agradece a la Comisión Europea la oportunidad de poder contribuir a esta consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la Cohesión. Las próximas negociaciones de la Política de Cohesión post 2020 coincide con un momento crucial para la construcción europea, con la reducción de fondos por el Brexit y los nuevos desafíos de la UE en defensa, emigración, la agenda 2030 de desarrollo sostenible a nivel de la UE y global, las grandes transformaciones de la digitalización y la globalización y nuevos derechos contenidos en el recientemente proclamado Pilar de Derechos Sociales Europeos.

Al mismo tiempo estamos observando una reducción del sentimiento de pertenencia a Europa en muchas zonas de la UE, tanto las afectadas por reconversiones industriales como aquellas, con graves problemas de despoblación. Si bien la UE ha desarrollado en los últimos años una ambiciosa Estrategia para las zonas urbanas (el Pacto de Ámsterdam) incluido el fondo EDUSI (Art. 7 FEDER) es necesario que la próxima política de Cohesión contenga una prioridad de financiamiento específica para las zonas con problemas de despoblación, a la que se acompañe una reserva de fondo específico, al igual que el 5% del LEADER y el 5% del FEDER (EDUSI).

Estamos ante una auténtica crisis de territorio en muchas zonas de Europa: el interior de España y Portugal, la “Diagonal del Vacío” en Francia, la antigua Alemania Oriental, y el este de países bálticos, Polonia, Eslovaquia, así como las zonas más remotas del resto de países. A diferencia de los países nórdicos, que tienen desde su Adhesión un tratamiento específico para la denominada “periferia septentrional” de la UE todas estas otras regiones no sólo no gozan de tal reconocimiento en Tratados, legislación y fondos europeos, sino que además están lejos de converger con las áreas urbanas más dinámicas de la UE y de sus propios países. Todo esto va en contra del Objetivo de Cohesión Territorial del Tratado de Lisboa.

Del mismo modo que las ciudades tienen capacidad para gestionar fondos de desarrollo urbano sostenible, las provincias, como instituciones que son subregionales y supralocales (NUTS III), tienen la capacidad de poder afrontar eficazmente estos problemas de territorio, por lo que exigimos que se permita la subdelegación a las Diputaciones de la gestión de los fondos de Cohesión con fines de lucha contra la despoblación, en coordinación con los Ayuntamientos afectados. Dado que frecuentemente las áreas despobladas se extienden por varias provincias y regiones, entendemos que esta subdelegación debería hacerse en leal colaboración con las regiones y gobiernos nacionales.

En línea con las recomendaciones del 7º Informe de Cohesión, los informes García Pérez y Westphal del Parlamento Europeo y los Dictámenes Herrera Campo y Schneider del Comité de las Regiones exigimos que la futura política de Cohesión contenga ejes prioritarios y financiación específica para zonas despobladas. Dichas actividades elegibles serían de carácter netamente inversor en el territorio y por tanto adicionales y complementarias a las medidas de bienestar que son competencia nacional. Se basarían en enfoques territoriales integrados destinados a disminuir el coste adicional de infraestructuras, inversiones y servicios en dichas zonas, así como a dinamizar el capital humano y patrimonio natural que capitalizase el potencial de esas áreas para el desarrollo económico sostenible.

Por último, es necesario que dicha prioridad contra la despoblación de la futura Política de Cohesión incluya medidas para robustecer la capacidad institucional y el capital humano de esas zonas, una mayor simplificación de los fondos cara el pago por resultados y costes globales, así como una mayor coherencia respecto de la normativa Europea de Ayudas de Estado que complementase la vertiente inversora de la política