El Ayuntamiento envía al juzgado la documentación del ‘caso BiciMad’

Madrid

El coste real de la municipalización fue de 9,5 millones. El precio, según fuentes municipales, fue fijado por los servicios técnicos de la propia EMT. La empresa elaboró un análisis jurídico, laboral, contable, operativo y de recursos humanos para la que contó con centenares de documentos. Entre ellos, las cuentas anuales auditadas de Bonopark, la antigua concesionaria; los datos de explotación, auditorías técnicas, documentación de patentes y marcas, además de contratos con proveedores, entre otros documentos.

La EMT, que también se dedica a trabajos de consultoría a nivel internacional sobre sistemas de transporte público, fue la encargada de hacer esa valoración por “tener experiencia y personal cualificado”. “La única opción que garantizaba la continuidad del servicio fue el mutuo acuerdo y la cesión del contrato”, insiste el Ayuntamiento.

Para poder cerrar la operación hubo primero un preacuerdo económico, que ambas partes acordaron en 10,5 millones de euros como valor para la transmisión. Esto ocurrió en febrero de 2016, después de que –según fuentes municipales– el valor oscilara entre los 9 y los 11 millones en función de los datos que se iban obteniendo.

Finalmente, se tuvieron en cuenta los saldos de los usuarios en poder de Bonopark, valorados inicialmente 965.932 euros, que se descontaron de los 10,5 millones. De esta forma, la cantidad finalmente pagada por la EMT a Bonopark por la municipalización del servicio de bicicleta pública fue de 9.534.067 €.

La autorización de la EMT para la cesión del contrato fue aprobada en la Comisión Delegada de la empresa –que tiene atribuidas todas las competencias del consejo de administración– en abril de 2016, que es donde se acordó la operación. Todas las adjudicaciones y operaciones financieras son aprobadas en este órgano, excepto la adjudicación de los autobuses y los presupuestos anuales.

El Ayuntamiento remite la información

El Gobierno municipal, entretanto, ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 52 la documentación disponible sobre la cesión del contrato de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes. La magistrada Belén Sánchez Hernández había reclamado esa información al Ayuntamiento tras la admisión a trámite de la querella por posible “malversación” que interpuso el PP contra la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, presidenta también de la EMT, y el gerente de la empresa, Álvaro Fernández Heredia, por las supuestas “irregularidades” detectadas en la compra del servicio de bicis.

En su auto, la jueza ordenó diligencias documentales para que el Ayuntamiento pueda acreditar el modo en que se desenvolvió la operación, pero no llamó a declarar ni a la delegada ni al gerente, sino que instruyó diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable.

Entre otros documentos, la magistrada solicitó al Consistorio que aportara el acta de la sesión de 19 de abril de 2016 del consejo de administración, donde se informa a los consejeros sobre la asunción por parte de la EMT del servicio de BiciMad, y que informe si, en septiembre de 2016, existía el cargo de director-financiero, debiendo identificar, en su caso, a la persona que ostentaba dicho puesto.

También pidió detalles sobre la cuenta donde se efectuó el pago y la forma en que se llevó a cabo y que se facilitara «la información completa relativa al expediente sobre la prestación de servicios relacionados con la movilidad ciclista y peatonal de Madrid, así como la aportación del Ayuntamiento de Madrid a la EMT».