"Nos estamos manteniendo como podemos, el servicio está dejando bastante que desear"

Santander

El sector de la dependencia en Cantabria advierte de que los recortes aplicados desde 2012 ponen en peligro el sistema. La voz de alarma la han lanzado las asociaciones que trabajan con discapacitados y también la Federación Empresarial de la Dependencia. Esta última, FED Cantabria asegura que la situación del sector es insostenible y que es necesario revisar los precios de las plazas concertadas en las residencias de mayores. Además FED Cantabria advierte de un déficit de unas 600-700 que crece año a año.

La organización, que agrupa a las empresas que trabajan en este ámbito en Cantabria, denuncia que, a pesar del anuncio del gobierno de subir el dinero que destina a cada plaza concertada y que se sitúa en unos 40 euros, la promesa no se ha cumplido y las negociaciones están paralizadas. Lo último que ha ofrecido el ejecutivo regional es una subida del IPC del 3%, congelado desde 2014. Rubén Otero, presidente de FED, ha asegurado que declaraciones a la Cadena SER en Cantabria, que “si hablamos solo de residencias esto se viene haciendo mal desde hace muchos años”. En su opinión, hay un déficit de plazas de unas 600 o 700 plazas.

Una situación insostenible, ha añadido Otero, que ha recordado en la antena de la SER que las empresas no obtienen ninguna rentabilidad desde los recortes de 2012, lo que está empezando a afectar a la prestación del servicio a los residentes. “Nos estamos mantenido como podemos, pero la rentabilidad es casi es nula y el servicio…uff… está dejando bastante que desear, aunque estamos haciendo el mejor servicio que podemos, pero si no tenemos personal, hay lo que hay y tenemos lo que tenemos. No nos podemos exigir más si no hay más personal” ha admitido Otero.

FED pide al Gobierno de Cantabria que desbloquee la negociación para aumentar el precio que destina a la plazas concertadas, lo que permitiría, a su vez, la contratación de más personal.

Por tu parte, Cermi Cantabria advierte de que los recortes aplicados desde 2012 ponen en peligro el mantenimiento de más de 1.000 plazas públicas concertadas para la atención las personas con discapacidad.

Amica, Ampros, Ascasam, Aspace, Fernando Arce y la fundación Síndrome de Down se han unido para dar la voz de alarma sobre la “grave situación” económica que atraviesan, ya que han tenido que endeudarse para sufragar el coste de esas plazas.

4,3 millones de euros, aseguran, es lo que el Gobierno regional ha dejado de abonar en estos años para la financiación de las plazas públicas concertadas para la atención a las personas con discapacidad.

Por ello, reclaman al Gobierno regional la actualización urgente de los precios públicos con una subida del 8 por ciento (lo que han perdido desde 2012) para atención a la discapacidad.

Otra de las reivindicaciones históricas es la elaboración de una “normativa adecuada” para las personas con discapacidad que tenga un respaldo económico detrás para garantizar la prestación de los servicios en centros de día, ocupacionales, rehabilitación y residenciales.