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EL ENFOQUE

Sobre el puerto de Granadilla

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Estado y Enagás, confirmando la anulación de una autorización administrativa a la regasificadora de Granadilla, que se quiere ubicar en el Puerto. La decisión está basada en un defecto de forma porque el Estudio de Impacto Ambiental de la regasificadora no contempló los riesgos acumulados de la instalación. Eso no ha impedido la presentación de un nuevo proyecto. De hecho, la compañía presentó otra solicitud de autorización administrativa aún pendiente de ser resuelta. La nueva solicitud fue cursada en junio de 2015 y obtuvo la preceptiva declaración de impacto medioambiental en julio del siguiente año, superando así el defecto formal de la primera concesión. Se espera que el Ministerio conceda la autorización para la planta regasificadora en breve.

Mientras eso ocurre, la resolución supone un éxito de la plataforma ciudadana contra el Puerto Industrial de Granbadilla, y una demostración de hasta qué punto la desidia y la falta de eficiencia en la tramitación de las asuntos que dependen de la autorización gubernativa pueden provocar situaciones irreversibles. La resolución, fue ayer celebrada por Antonio Morales como un éxito del movimiento ciudadano contra el gas.

Lo cierto es que a la regasificadora de Granadilla parece haberla mirado un tuerto: a los problemas consecuencia del enorme retraso en la construcción del puerto industrial, y a esta resolución, hay que sumar el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se manifestó en contra de la construcción de la planta que Enagás -a través de Gascan- pretende ubicar en Granadilla, porque el proyecto no contaba con garantías de sostenibilidad económica.

La decisión tampoco fue vinculante, pero obligó a otra actualización del proyecto, que se consideró incompleto porque no incorporaba determinados servicios como carga de cisternas, carga de buques, trasvase de gas natural licuado de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering, y porque además no reflejaba las previsiones de demanda de gas, las características del mercado y el volumen de inversiones. En definitiva, la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, consideraba el proyecto de regasificadora “desfasado". Es más que lógico. Lleva décadas dando vueltas por las mesas de los despachos.

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