El Gobierno podrá privatizar las autopistas de peaje 'quebradas' antes de pagar el rescate
El Ministerio de Fomento debe resolver antes los contratos con las concesionarias, y fijar en seis meses el importe de las compensaciones
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autopistas.es
Murcia
El Ministerio de Fomento podrá volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas sin necesidad de tener que haber pagado antes a las concesionarias la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas.
El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya está asumiendo la gestión y explotación de las autopistas de peaje, pese a que aún no se ha producido la resolución de los contratos, que debe fijar la compensación.
El traspaso de la gestión de Seitssa es consecuencia de la liquidación de las sociedades concesionarias, que se encontraban en concurso de acreedores. El Estado ha dado ese paso de asumir la gestión y el personal de las concesionarias porque de otra manera las autopistas hubieran quedado cerradas al público y se hubiera interrumpido el servicio.
Pero aún queda otro trámite administrativo fundamental que debe ser abordado por Fomento: la resolución de los contratos con cada una de las concesionarias, cuyo calendario no ha sido notificado.
El Consejo de Ministros dio el primer paso el pasado 16 de febrero al tomar razón de la incoación del expediente de resolución de siete contratos de concesión de autopistas de peaje en quiebra. Se trata de expediente incluye a las radiales 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-7 (Circunvalación de Alicante y tramo Cartagena-Vera).
Una vez que se resuelvan efectivamente estos contratos, Fomento tendrá seis meses para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por el valor de los activos menos la depreciación de los mismos.
La Administración podrá volver a licitar esas infraestructuras –por las que puede sacar entre 700 y 1.000 millones de euros- sin necesidad de tener que abonar previamente las compensaciones.
La estimación oficial del Gobierno sobre la RPA, responsabilidad patrimonial de la administración, son los “más de 2.000 millones de euros” que figuran en el Presupuesto General del Estado prorrogado del ejercicio 2018. No obstante, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado en varias ocasiones de que se trataba solo de una estimación y que la cifra puede ser menor.
