El ex interventor ratifica que tres consejeros recibieron informes sobre los ERES

Sevilla

Lo que empezó siendo un descargo para los acusados ha terminado siendo una prueba muy distinta.El que fue interventor general de la Junta durante diez años, Manuel Gómez, ha terminado apuntando a sus superiores, después de siete horas y media contestando al fiscal y dando pasos hacia atrás. Gómez se ratifica, ante el Tribunal que lo juzga, en lo declarado ante el Tribunal Supremo. “¿Se ratifica en que tres miembros del Consejo de Gobierno recibieron la información contenida en sus informes y en lo que pudieron hacer y no hicieron, se ratifica en lo que dijo en el Supremo sobre los tres miembros del Consejo de Gobierno ?”, ha preguntado el fiscal antes de dar por finalizado su interrogatorio. “Sí, me ratifico”, ha dicho.

Manuel Gómez ha pretendido durante toda su declaración hacer ver que él no emitió el llamado informe de actuación que hubiera obligado a cambiar el sistema de pago de los ERE porque ningún interventor de la Junta descubrió menoscabo de fondos públicos. “Menoscabo es daño efectivo y cuantificable de fondos públicos y aquí no lo hay y por eso nadie se lo comunicó al consejero de Hacienda, que era a quien tendrían que haberse dirigido”, ha explicado con vehemencia. También ha señalado que Intervención no es igual a control en la administración porque los órganos gestores también deben controlar su actividad cuando un gasto se declara excluido de esa fiscalización de la Intervención. “No podíamos ir más allá, no teníamos más herramientas, no había otro procedimiento” (nada más que los informes que realizaron en su momento los interventores de IDEA o la Intervención General), ha señalado para demostrar que no cabía por ley elaborar el informe de actuación y tampoco hacer nada distinto a lo que hicieron en aquellos años.

El déficit que el pago de las ayudas directas a empresas o socio laborales causó en la Agencia IDEA, órgano pagador de las subvenciones dadas por Empleo, lo conoció la viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, “porque era objeto de despacho” y porque estaba en la cuenta general, ha contestado. Ese déficit llegó a ser de 95 millones de euros un año y de 38 otro año.

Gómez, a preguntas de su abogado, ha vuelto a cuestionar que las ayudas investigadas sean subvenciones “en sentido estricto”, con lo cual no estarían sometidas a control previo en la consejería de Empleo.

También ha sostenido, en esta segunda jornada de interrogatorio, que IDEA no falseó su presupuesto al contar como ingreso, y nunca como gasto, las transferencias de dinero que recibió de Empleo para pagar las ayudas del programa 31L. Decir que IDEA falsificó sus cuentas como mantienen las acusaciones es “como mínimo una exageración”, ha insistido.

“No hemos dejado de desempeñar nuestras labores de control ni de ofrecer nuestras mejores soluciones a la administración”, “el que quiera cometer fraude es muy difícil que se lo impida una norma”, “el que quiera gestionar irregularmente puede hacerlo”, ha dejado dicho ante el Tribunal.

El interrogatorio ha finalizado con preguntas y repreguntas del magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, poniéndole de manifiesto las contradicciones en las que ha incurrido durante el interrogatorio al afirmar que estas ayudas no son subvenciones y al mismo tiempo señalar que hay que aplicarles la ley reguladora de las subvenciones; o al manifestar que el procedimiento con el que se pagaron los ERE era inadecuado para tramitar una subvención y luego, a renglón seguido, mantener que las ayudas investigadas no son subvenciones. Este ha sido parte del interrogatorio:

-“Si las ayudas socio laborales no son subvenciones, que son?

-Ayudas prestacionales.

-¿Pero si dice que no son subvenciones porque declarando habla de ellas como subvenciones y les aplica la ley reguladora?

- Pues será un error terminológico, en aplicación del decreto ley de 2012 no son subvenciones, señoría.

- Sí, sí; pero usted sigue refiriéndose a ellas como subvenciones después de negar que lo sean

- Me he equivocado. Son términos que de forma general se usan de manera indistinta. Hay subvenciones que pueden no serlo en sentido estricto. Si hay ambigüedad en los términos sepa que me he equivocado, que con los ojos de hoy yo creo que no son subvenciones”.

Manuel Gómez se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.