L'Alacantí se plantea ampliar competencias

Se modificarán sus estatutos, para hacer constar sus nuevas competencias y el traslado el día 21 de su sede de la Explanada de Alicante al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

El edificio Carbonell, en la Explanada, acogía la sede de la Mancomunidad de l'Alacantí, que pasará al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant el próximo día 21. /

Se avecinan cambios en la Mancomunidad de l'Alacantí. Además del traslado de su sede de Alicante capital al Ayuntamiento de San Juan, que es ya una realidad, sus seis miembros están planificando un cambio de estatutos que incluya otorgarle más competencias a este organismo.

Actualmente la mancomunidad se dedica al control de plagas, tratamiento de aguas residuales, recogida de animales abandonados y promoción de la cultura y el deporte, entre otros cometidos. El objetivo es añadir también otras competencias, que abarquen juventud o transporte, entre otros.

Y es que tras la petición de ahorro en el coste de sus oficinas en la Explanada que planteó el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el pleno de la Mancomunidad decidió por unanimidad su traslado a coste cero, al edificio del Ayuntamiento de San Juan, uno de los seis municipios que integran el organismo comarcal, junto con Agost, El Campello, San Vicente y Mutxamel; un traslado que se hará efectivo el próximo 21 de marzo.

Pero además, su vicepresidente, Benjamín Soler, alcalde también de El Campello, ha confirmado que concederle más competencias a la entidad es algo en lo que están trabajando los seis ayuntamientos y que será llevado al próximo pleno, previsiblemente pasada la Semana Santa.

Por cierto, que desde la mancomunidad confían en que con este traslado, el Ayuntamiento de Alicante deseche del todo la intención expresada por Echávarri hace medio año, de abandonar el organismo.

Hace hincapié Soler en en que la Mancomunidad se ahorrará unos 31.000 euros al año, que destinará a partir de ahora a reforzar el servicio de lucha contra plagas.

Hasta la fecha, el organismo tenía su oficina en la Casa Carbonell, por la que pagaba 1.500 euros al mes, a lo que había que sumar otros pagos como la luz, el agua o internet, que habían motivado la queja del Ayuntamiento de Alicante.

 

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