Un ex secretario general de Empleo reconoce que se reunió con Griñán para hablar del “volumen de crédito” de la Consejería

Sevilla

Javier Aguado Hinojal, secretario general técnico de la consejería de Empleo entre 2004 y 2008, ha declarado esta mañana que tuvo “alguna reunión con Griñán” para hablar del volumen de crédito de la Consejería, cuando empezaba a elaborarse el presupuesto. Lo ha manifestado a preguntas del presidente del Tribunal, que le ha puesto de manifiesto una contradicción previa sobre esas reuniones entre Empleo y Hacienda cuando se empezaba a conformar el presupuesto de la Junta.

“Manifestó usted ayer que asistió a reuniones de consejeros, viceconsejeros y directores generales para hablar del volumen del crédito del que podía disponer la consejería de Empleo, fijado antes por Hacienda. Reuniones técnicas y una al año. Esta mañana ha dicho que no asistían a ellas ni los consejeros ni los viceconsejeros. ¿Qué explicación tiene a que ayer dijera una cosa y hoy otra distinta?”, le ha dicho el magistrado Juan Antonio Calle Peña. “El proceso de elaboración del presupuesto era largo. Sí, alguna reunión hubo con el consejero de Hacienda, con el señor Griñán, pero no era la sistemática”, ha aclarado.

Aguado explicó ayer, a preguntas de la Fiscalía, que en las reuniones entre los representantes de Hacienda y Empleo se tuvo que hablar del programa 31L, de la partida presupuestaria con la que se pagaban los ERE, porque “era un programa tradicionalmente deficitario”. “No me extrañaría. Lo que está claro es que los parlamentarios sabían que era deficitario”, puntualizó.

El acusado, que se enfrenta a ocho años de prisión por supuesta malversación de fondos públicos, ha insistido durante el interrogatorio, en que no recibió ninguna señal de alerta o irregularidad ni tampoco tiene conciencia de haber cometido ninguna ilegalidad. Javier Aguado ha insistido en que el Parlamento conocía que las ayudas se pagaban mediante transferencias de financiación de dinero de Empleo a la Agencia IDEA, y que por tanto, no se fiscalizaban previamente. También conocían, ha señalado, las modificaciones presupuestarias que se hacían para poder pagar todas las subvenciones que concedía la dirección general de Trabajo; compromisos por encima del dinero que tenía para ese programa. “Los parlamentarios incluso solicitaban incrementar la partida presupuestaria de los ERE”, ha contado.

El ex secretario general de Empleo ha terminado repitiendo que su secretaría es “un órgano tramitador” y no es un órgano de fiscalización ni tiene una función auditora o verificadora.