Juzgan el martes al electricista acusado de estafar al Ayuntamiento

Castro Urdiales

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el martes, 20 de marzo, y el miércoles, día 21, a partir de las 9.30 horas al electricista acusado, junto a su esposa, de estafar cerca de 300.000 euros al Ayuntamiento de Castro Urdiales mediante facturas falsas de material.

La vista, prevista para el pasado 22 y 23 de enero, fue suspendida al no haberse citado a los interventores para que comparecieran y declarasen en la sesión. Así, se pospuso para poder citar como testigos a una interventora interina y a Fernando Urruticoechea, titular cuando sucedieron los hechos, -entre 1998 y 2002-, que hace casi un año obtuvo plaza en Torre Pacheco (Murcia).

El electricista está acusado de aprovechar su condición de empleado municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales para concertarse con su esposa, quien se dio de alta como responsable de un almacén de electricidad, y elaborar facturas de venta de material que el consistorio abonaba.

Según el escrito del fiscal, confeccionaron facturas que no se correspondían con efectivas ventas de material. Entre 1998 y 2002 la supuesta empresa de la esposa del electricista municipal cargó al Ayuntamiento más de 300 facturas por importe de 376.000 euros, pese a que los gastos en los que incurrió por pagos a sus proveedores ascendieron durante el periodo a 78.000 euros.

El fiscal considera los hechos un delito continuado de falsedad en concurso con otro de estafa, además de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Por ello, solicita una condena de cinco años de prisión y más de 9.000 euros de multa para el empleado municipal, para el que además pide la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años.

Para su esposa, el ministerio público reclama una condena de prisión de cinco años y una multa de 5.400 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento castreño en la cantidad de 296.000 euros.

El Consistorio ejerce la acusación particular y solicita las mismas penas que el fiscal, mientras que la defensa del matrimonio pide la libre absolución y, en caso de que se aprecie responsabilidad criminal, reclama que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que han pasado 20 años desde el inicio de los hechos.