Los funcionarios de Justicia de Castilla-La Mancha cobran 500 euros menos que en el País Vasco
Cuatro sindicatos convocan movilizaciones este miércoles para revindicar la equiparación salarial en el territorio que no tiene transferidas las competencias
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Cadena SER
Toledo
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han convocado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga en la Administración de Justicia si el Ministerio no negocia e instaura la equiparación salarial con las comunidades con las competencias transferidas. En Castilla-La Mancha, hay cerca de 2.000 funcionarios en el sector, la diferencia salarial tiene una horquilla de 570-383 euros respecto a País Vasco, comunidad donde el complemento específico es mayor.
Las concentraciones, convocadas a nivel nacional, comenzarán este miércoles a las 12 horas frente a cada una de las sedes judiciales de la región, así como ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las capitales de provincia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en este área, entre ellas, Castilla-La Mancha.
Han pasado más de 3 meses desde que los cuatro sindicatos presentaron al Ministerio un escrito con una tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los Cuerpos de Justicia desde Letrados hasta Cuerpos generales y especiales. Sindicatos como CSIF creen que el Ministerio sigue dando la callada por respuesta a las justas reivindicaciones de los funcionarios y crea juzgados sin medios,
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Además de la revisión al alza del complemento específico, también se exige la recuperación del complemento de violencia sobre la mujer. "Estos juzgados están constantemente de guardia -explica a la SER, Manuel Pelayo, presidente del sector en el sindicato CSIF- pero con la excusa de la crisis, el Ministerio eliminó este complemento".
Piden igualmente el establecimiento de complementos en otros órganos especializados y la revisión de la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto.
Los sindicatos suman a todo esto que el Ministerio de Justicia es incapaz de llevar a buen puerto la reforma del Registro civil (aquí en colaboración del resto de partidos políticos) dejándolo en manos de los funcionarios de Justicia.
