Política
MEDIOAMBIENTE

Ruíz niega la responsabilidad del Ayuntamiento sobre el vertedero de El Cobre

La justicia trata de aclarar la responsabilidad sobre el vertido de lixiviados

Antiguo vertedero de El Cobre en Algeciras / Cadena Ser

Algeciras

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, ha comparecido ante el juez en calidad de investigada tras la denuncia formulada por Agaden sobre los vertidos de lixiviados procedentes del antiguo vertedero de El Cobre.

La delegada da respuesta así, a la denuncia formulada por Agaden para esclarecer las posibles responsabilidades en la situación del vertedero, en el que tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Seprona y consultoras privadas han detectado la existencia de lixiviados procedentes del antiguo vertedero que llegan hasta el arroyo de La Cava.

La denuncia está basada en un informe elaborado en 2016 a raíz de una denuncia de agentes de Medio Ambiente sobre el estado del vertedero, que resumía los múltiples problemas encontrados en el depósito. Detectando vertidos de lixiviados que dejan rastro en la vegetación quemada, con una balsa llena hasta el rebose provocando un vertido de un caudal de 50 litros al minuto directamente al arroyo La Cava por escorrentía, además de otros desperfectos como el vallado perimetral roto por lo que ganado se colaba dentro de la instalación. Por lo que, la Junta considera que el Ayuntamiento podría haber cometido dos infracciones administrativas muy graves: por el incumplimiento de la obligación de mantenimiento y de llevar a cabo un plan de vigilancia y control del vertedero y por el vertido incontrolado de residuos peligrosos consistentes en lixiviados del vertedero.

Laura Ruiz ha asegurado que le “llama poderosamente la atención que el denunciante, Agaden, no haya comparecido ante el juez”. Según el consistorio la obra de sellado del vertedero, ejecutada por la Junta de Andalucía, no se realizó bien y el Ayuntamiento no recepcionó el mismo, por lo que no es responsable del mantenimiento posterior. La Administración autonómica, sin embargo, responsabiliza de este mantenimiento a la entidad local. Todo queda pendiente de resolución judicial.

 
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