Condenada una empresa por pagar más a los varones que a las mujeres

Málaga

Sentencia pionera: Una trabajadora de Málaga despedida deberá ser indemnizada con 35.000 euros de la que fue su empresa -una gestoría- por “los daños morales” que sufrió al haber estado, al menos, tres años cobrando menos dinero que sus compañeros varones que ocupaban puestos de la misma categoría. Así lo recoge la sentencia de la sala de lo social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la que ha tenido acceso la Cadena SER y que ha sido adelantada por El Confidencial.

La Sala de lo social ha desestimado el recurso presentado por la empresa en contra de una sentencia que acreditaba un trato "discriminatorio" a una trabajadora que llegó a recibir retribuciones más bajas que sus compañeros varones, perteneciendo esta al mismo departamento y al mismo rango del organigrama que ellos.

Tras el recurso, la anterior sentencia queda confirmada y condena a la empresa a indemnizar a la afectada con 35.000 euros por daños y prejuicios.

La empresa demandada presta servicios administrativos de gestoría en la tramitación de expedientes de operaciones financieras concertados. Tal y como apunta la sentencia la afectada comenzó a trabajar para esta empresa en diciembre de 1994, ostentando la categoría de "profesional de oficial primera". Más tarde, en 1996, fue nombrada responsable del departamento de Administración de la demandada.

El organigrama de cargos y departamentos de la empresa en cuestión figuran cuatro jefaturas o responsables de departamentos, una Secretaría Técnica y la Gerencia, de la que dependen jerárquicamente todos los responsables de departamentos. Todos los departamentos están ocupados por varones, excepto el de Finanzas que lo ocupa la afectada y que tiene esa denominación desde el año 2009, ya que antes se denominaba "departamento de Administración".

En el año 2003, tras un "proceso de reestructuración de la empresa y la implantación de un nuevo organigrama", la categoría profesional de la mujer afectada quedó encuadrada en "Oficial de primera". La sentencia explica que las retribuciones que vinieron percibiendo todos los responsables de departamento, hasta febrero de 2017, estaban compuesta por dos conceptos: salarios e incentivos.

Sobre esto, argumenta que la empresa demandada no contaba con ningún sistema de fijación de incentivos, por lo que el abono de las cantidades a percibir por cada responsable emana de una "decisión unilateral y discrecional de la empresa" a través del gerente.

Por lo que aclara el fallo, los responsables de departamento sí percibieron un complemento retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal hasta alcanzar el cien por cien de sus retribuciones, mientras que este complemento se le "denegó" a la afectada durante el tiempo que estuvo incapacitada para trabajar en marzo del 2017.

Además, la sentencia narra que en el año 2014, la empresa acordó con los trabajadores, la reducción de los incentivos para ese año, debido a "que la situación de la empresa no era óptima" y que para los años siguientes "se iría recuperando esta reducción". En enero del 2016 la afectada observó que era "la única" de sus compañeros que no experimentó un incremento retributivo similar al de ellos en esos años, pasando a percibir retribuciones sensiblemente inferiores.

Tras haberse percatado, la mujer se dirigió a sus superiores para preguntarles acerca de los motivos que justificaban tales diferencias, "sin que conste que tuviera respuesta a sus preguntas". En mayo de 2017 la trabajadora fue despedida de la empresa demandada. Las actuaciones se iniciaron en junio del mismo año, cuando la denuncia tuvo entrada en el Juzgado Decano y dictó una sentencia que fue recurrida por la empresa demandada.

La sentencia de instancia declaró la vulneración del derecho de la afectada a "no sufrir discriminación salarial por razón de sexo", declarando la "nulidad radical de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad"; condenando a la empresa demandada a restituir el derecho de la mujer a percibir, desde enero de 2017, un salario anual de 48.950,16 euros, en lugar de los 33.672 euros que se consolidaron.

Finalmente, la sentencia de instancia condenaba a abonar a la trabajadora la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

El tribunal dispone que de los hechos probados de la sentencia recurrida se desprende que la mujer afectada durante los años 2014, 2015 y 2016 percibió unas retribuciones "sustancialmente inferiores" a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

Asimismo, consta que está probado que la cantidad abonada a la trabajadora en concepto de incentivo "era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento", existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros. Por tanto, asegura que es "incuestionable" que la afectada recibió retribuciones más bajas que sus compañeros varones, por lo que "ante esos indicios discriminatorios" debe ser la empresa la que acredite esa diferencia retributiva aunque, "esa justificación no se ha producido".

Tras todo ello, el TSJA ha desestimado el recurso de suplicación que la empresa demandada interpuso contra la sentencia que acreditaba un comportamiento "discriminatorio" con la trabajadora afectada que llegó a cobrar retribuciones más bajas que las de sus compañeros. Así, la sentencia recurrida ha quedado confirmada y condena a la empresa a indemnizar a la trabajadora.