El alcalde de Ibiza dice que el nuevo Decreto de inversiones sostenibles "es una minucia"

La Federación de Entidades Locales de Baleares critica el nuevo Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros para que los Ayuntamientos con superávit puedan invertir el remanente de tesorería. Desde la FELIB dicen que "se quiere hacer creer que supone un gran avance, pero en realidad no cumple con las expectativas". Los más beligerantes son los alcaldes del Partido Socialista, que hablan de “minucias”.

El alcalde de Ibiza y secretario de Política Municipal del PSIB, Rafa Ruiz, dice que el ministro de Hacienda "es experto en juegos de palabras para desviar la realidad". Asegura que lo que se ha aprobado no supone "beneficio alguno" para las corporaciones locales, "porque no podemos decidir  a que destinamos el dinero que tenemos en los bancos a pesar de hemos saneado nuestras cuentas". En el caso del Ayuntamiento de Ibiza liquidará su deuda el mes que viene

La principal novedad del Decreto es que se amplía el listado de inversiones catalogadas como sostenibles, como las relacionadas con la seguridad y orden público, protección civil, asistencia social primaria o creación de centros docentes.

Ruiz dice que los Ayuntamientos  tienen que poder disponer de todo el dinero que "sin limitación alguna", pero denuncia que el Gobierno les sigue "usurpando" las competencias quer están recogidas en la Constitución. Pone de ejemplo que, "podemos construir una escoleta, pero no podemos dotarla de personal, luego nos dicen que contratemos a una empresa privada, pero con una limitación en el gasto".

Ruiz dice que el gran fallo del Decreto es que "sigue cerrando la puerta "a las corporaciones locales a contratar más personal para poder mejorar los servicios a los ciudadanos.  "Si ahora se nos jubila un funcionario no podemos reemplazarlo", señala el alcalde de Ibiza

Pone de ejemplo los problemas que tiene la isla con los alquileres turísticos.  "el Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza tendríamos que poder crear un cuerpo de inspectores para hacer frente a este tipo de prácticas, para que no se sigan dando casos de trabajadores a los que se echa de sus casas y se quedan en la calle, porque se alquilan esos inmuebles a 3.000 euros el mes". resalta Ruiz

La FELIB ya ha anunciado que tiene previsto celebrar una reunión extraordinaruia para hacer una valoración de la nueva situación.