Liberalizar la AP-7 o no liberalizar, esa es la cuestión

Alicante

Seguir con la tarifa actual, reducirla y añadir ventajas a los residentes o liberalizarla. Son los tres escenarios que plantea para la explotación de la AP 7 en el tramo entre Ondara y San Juan, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia, INECA, ante el próximo término de la concesión administrativa a AUMAR, a finales de 2019.

El instituto ha presentado un informe con un horizonte a diez años, "pionero desde la sociedad civil", explican, para que antes de que llegue esa fecha, se debatan esas opciones, de forma que no se pierda una infraestructura viaria clave para la provincia.

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El informe, que se centra en el período de 2020 a 2030, tiene en cuenta aspectos como lo que se ingresa por peaje o se dejará de ingresar si se liberaliza o si se reduce la tarifa de un 40 al 60%, así como los costes de mantenimiento y externos, las inversiones que habría que ejecutar a su vez en la N-332, o el balance económico y social que reportarán estas opciones. Y siempre partiendo de que se mantenga un nivel de fluidez de tráfico óptimo; lo que denominan nivel A o nivel B.

Seguir en una concesión con la tarifa actual reportaría 652 millones de euros de ingresos y unos costes de 262 durante esos diez años, pero es una opción que suscita un rechazo generalizado. La segunda alternativa, reducir las tarifas entre un 40 y un 60% y dar ventajas a los residentes, supondría reducir esos ingresos por peaje a 437 millones, con unos costes de mantenimiento similares, de 288. Es una posibilidad que ofrece reticencias iniciales pero que podría prosperar, según el informe, si se incorporan obras en la Nacional y mejoras para residentes, apunta Armando Ortuño, coordinador del Estudio.

Por último, liberalizarla, como reclaman algunos partidos, sería una opción con aceptación social inicial, pero genera controversia a medio plazo. Al soportar más tráfico, los costes de mantenimiento llegarían a los 326 millones, sin poder contar con ingresos por peaje. Además, su balance económico y social es negativo.

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INECA, eso sí, no se posiciona a favor de ninguna de las tres opciones. Explica su presidente, Rafael Ballester, que la actual coyuntura puede "dibujar otros escenarios" pero que queda poco tiempo para tomar una decisión con datos sobre la mesa. Por eso, la intención es trasladarlo a todas las administraciones territoriales.

Ballester, por cierto, se ha referido también a la asignación para la provincia de los Presupuestos Generales del Estado. Pendiente de presentar un informe exhaustivo con todos los datos, se unen, dice, desde INECA, al sentir general de que "la provincia no ha recibido el trato que merecía".