Fiscales y jueces piden medidas para mejorar la justicia provincial

Ciudad Real

Los Jueces y Fiscales de la provincia piden mejoras en Justicia. Esta mañana los magistrados y fiscales de la provincia se han concentrado frente a las puertas del juzgado para reivindicar mejoras laborales y estructurales que modernicen y agilicen los proceso, así como medidas para despolitizar la justicia. Unas reivindicaciones que quieren hacer llegar a las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial.

Unas movilizaciones impulsadas a nivel nacional por ambos y con el que reivindican mejoras inmediatas. En concreto las referentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aseguran que estas deficiencias se traducen en una justicia lenta, sobrecargada, ineficaz, mal dotada de medios e incapaz de dar respuesta a las necesidades actuales en tiempos razonables. Maria Isabel Serrano, Magistrada Juez decano en la provincia recuerda que llevamos ya desde 2013, cuando se creó el último juzgado, en las mismas condiciones.

En Ciudad Real hay 18 juzgados en toda la provincia, una cifra que dicen debería subir al menos en media docena más para hacer frente a la mayor carga de trabajo y el aumento de la litigiosidad de los últimos años.

Los jueces y fiscales han comenzando expresando su apoyo a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados. Asimismo, han apoyado las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.

Para reforzar la independencia judicial, han pedido, entre otras medidas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley para dicha reforma.

Así como la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada; y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Para modernizar la Administración de Justicia, reclaman un plan de inversión "suficiente y prolongado"; incrementar las plantas judicial y fiscal, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado.

También apuestan por la implantación de los tribunales de instancia; y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad (hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes).

Además, reivindican la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.

Para mejorar las condiciones profesionales, desean, entre otras medidas, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, abogan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

Así como atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

Para conseguir estos fines, jueces y fiscales anuncian que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.