El sistema de huella digital en Lanbide será voluntario
El Gobierno vasco ha recopilado más de 1.200 identidades en la prueba piloto desarrollada en la oficina central de Vitoria
La consjera Artolazabal y su equipo visitan una oficina de Lanbide / IREKIA
Vitoria
El Gobierno vasco estuvo tentado de imponer el nuevo sistema de identificación por huella digital a trabajadores y usuarios de Lanbide, pero en el caso de estos últimos ha asumido que no tiene base legal.
La propia directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, expresó recientemente en sede parlamentaria su inquietud por las intenciones del departamento que dirige Beatriz Artolazabal, pero el nuevo Reglamento Europeo en esta materia es tajante y, por tanto, la adhesión al sistema para los perceptores de la RGI entre otros afectados será definitivamente voluntaria, según ha sabido la Cadena SER.
Así está previsto que se recoja en la “norma legal” que regirá el nuevo sistema de identificación que Lanbide está todavía perfeccionando y probando en colaboración con Izenpe.
De esta forma, el nuevo sistema “cumplirá las previsiones legales” en materia de protección de datos de carácter personal” ya que el proceso contará “con el consentimiento previo y explícito de las personas afectadas”.
La experiencia piloto se ha realizado en la oficina central de Txagorritxu de Vitoria en la que se ha recopilado de forma voluntaria más de 1.200 identidades en los últimos seis meses, entre octubre y marzo.
"Cuando acuden a la oficina pasan voluntariamente a la toma de datos biométricos" explica el departamento de Empleo y Políticas Sociales en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PP sin precisar cuántos usuarios se han negado a ceder su huella digital, ni qué ocurrirá con dichos usuarios. Tan solo se subraya que el proceso ha contado con su consentimiento y que es además el criterio que se va a seguir aplicando.
Desde este mes de abril y hasta septiembre, el nuevo sistema se va a probar en otras nueve oficinas (5 en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa y una más en Álava) con un coste de 152.000 euros que incluye los equipos para la recogida de huellas y la contratación de diez auxiliares administrativos.
Según las fuentes consultadas por la SER, el sistema llegará al resto de oficinas "una vez evaluada su eficacia y corregidas las deficiencias detectadas" y "tras la aprobación de la "norma legal correspondiente".
