Defenderse a los 80

Santa Cruz de Tenerife

El veredicto del jurado en el caso de Jacinto, el octogenario de Arafo, ha dejado de piedra a la sociedad canaria. Nueve hombres y mujeres han entendido que el disparo que mató al ladrón que torturaba a la esposa del anciano en su propia casa no se efectuó en defensa propia. En contra del criterio de la Fiscalía. En contra de las declaraciones de los testigos, incluido uno de los asaltantes, que ya ha cumplido su condena. Y en contra del sentido común en su acepción estricta. Es decir, de lo que considera el común de los mortales.

El juez tendrá que imponerle una pena de más de dos años, lo que imposibilita que Jacinto evite la cárcel, salvo indulto. Sumado a lo que tendrá que cumplir por tenencia de armas, serán más de 4 años de prisión. Independientemente de que la decisión se ajuste a derecho, pocos son los que se lo explican. Parece un caso paradigmático del axioma romano Summum Ius, Summa Iniuria. O sea, que la aplicación estricta de la letra de la Ley hasta sus últimas consecuencias conduce a las mayores injusticias.

Lo triste es que cada vez es más frecuente el sentimiento de indignación popular ante las decisiones judiciales. Empieza a ser obvio que la sociedad no entiende (ni comparte) el ordenamiento penal. No cuando alguien ha de ir a prisión el mismo tiempo por disparar a un tipo que hacía daño a su familia que una persona que atropella a un niño conduciendo bajo los efectos de la droga.

En pleno debate sobre la idoneidad de la prisión permanente revisable, cabe preguntarse si no sería más razonable sentarse con el Código Penal delante y echarle una revisada más completa.