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Sanidad

El Supremo deja en evidencia al SACyL

UGT habla de un motivo más para que el presidente de la Junta cese al consejero de Sanidad

Jeronimo Cantuche durante la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Supremo / CADENA SER

Zamora

Una sentencia del Tribunal Supremo da la razón a una técnica de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), en su derecho a obtener una plaza en propiedad desde el año 2011. Un episodio que deja en evidencia la dejación o el mal hacer de la administración sanitaria, que no comunicó correctamente su derecho a la trabajadora.

Todo arranca de una prueba convocada en 2008 por el Sacyl para las plazas de TCAE, a las que se presenta la reclamante y cuyos resultados se dan a conocer en octubre de 2010. En esa relación de aspirantes aprobados no estaba la trabajadora que reclama. Pero hay 2 seleccionados que renuncian a su plaza, lo que abre una lista complementaria en 2011 en la que figura la reclamante. El problema es que la lista sólo se publicó el BOCyL, y la reclamante, que desconocía previamente su posición en las pruebas y no estaba por tanto pendiente de esa eventualidad, no conoció esa publicación ni recibió la oportuna comunicación personal.

De modo que sólo cuando la llamaron para preguntarle porqué no había presentado su documentación, tal como relata UGT, se enteró de su derecho. A partir de ahí hizo constar la anomalía en el proceso de comunicación y presentó la documentación requerida, que fue rechazada por llegar fuera de plazo. Circunstancia que otorgó su plaza a otro aspirante.

Su reclamación inicial en vía judicial fue rechazada en Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Pero ahora, 7 años después, el Tribunal Supremo le da la razón y, entre otras cosas, señala expresamente que “sin ningún esfuerzo especial podía practicar la Administración la notificación personal”.

UGT añade que se ha privado a la trabajadora de derechos como los concursos de traslado, ya que su plaza fue asignada al complejo asistencial de León y en estos años podría haber conseguido el traslado a Zamora. Por otra parte, UGT estima que esta situación ha generado una duplicidad de contratos, entre los 180.000 euros que se deben compensar a la trabajadora afectada, y el idéntico salario abonado en este tiempo al profesional que ocupó su plaza. En total, más de 350.000 euros a cargo del erario público. Y sin contar con las costas judiciales.

UGT, según apunta Jerónimo Cantuche, considera que este caso es un motivo más para que el presidente de la Junta cese al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez.

 
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