FCC se despide de Vitoria

Vitoria

La empresa FCC y GMSM Medioambiente, las dos firmas que forman la UTE que limpia y recoge las basuras en VItoria, han presentado oficialmente su renuncia al contrato para la recogida de basuras y limpieza según confirmaban portavoces del equipo de gobierno.

A partir de este momento el Gobierno Municipal tendrá que preparar un nuevo pliego de condiciones, para lo que necesita  el apoyo de los grupos que forman  la oposición. A ese nuevo concurso podrá volver a concurrir Fomento de Construcciones y Contratas, que tendrá que seguir prestando el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato.

El contrato de la UTE de limpieza y recogida de basuras de Vitoria es el convenio más importante suscrito por el Ayuntamiento de Vitoria, 22,8 millones de euros. Se firmó en 2015, poco antes de la marcha de Javier maroto de la alcaldía y  está firmado hasta 2023 

Fuentes municipales han confirmado que la contrata remitió esta solicitud al consistorio el día 28 de marzo, después de que hace semanas directivos de la compañía comunicaran de forma verbal su voluntad de no continuar con el contrato tras el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) contrario a la petición de la UTE de que el Ayuntamiento abonase más dinero.

"Ahora se inicia el procedimiento jurídico marcado tanto en la Ley de Contratos como en la Ley de Procedimiento Administrativo Común", explican desde el consistorio, por lo que FCC y GMSM deberán remitir "la documentación que acredita la causa de resolución a la que hacen referencia".

En su momento la UTE aseguró que con las condiciones económicas actuales era "inviable" la prestación del servicio, por lo que reclamó al Ayuntamiento que se hiciera cargo de cuestiones como el absentismo laboral, con un coste extra de 1,7 millones anuales.

Ante estas diferencias en la interpretación del contrato, se decidió acudir a la mediación de la Cojua, que dio la razón al Ayuntamiento.

Desde entonces el Gobierno local estaba a la espera de que esta renuncia se tramitase de forma oficial, con un escrito que justifique los motivos económicos que alegaba FCC y que se debe remitir a la Cojua para que se pueda resolver el contrato sin que Vitoria tenga que indemnizar a la empresa.

Con este paso se pone fin al conflicto que se inició a principios de 2017 con la decisión de la empresa de despedir a 8 trabajadores (finalmente fueron 5) ante la necesidad de hacer ajustes económicos debido a un "desequilibrio financiero" en el servicio.

Los despidos llevaron a la plantilla a convocar una huelga de limpieza, que se pudo evitar mediante un pacto con el Ayuntamiento, lo que supuso la readmisión de los trabajadores en agosto y la solicitud de mediación a la Cojua.